Cada uno de los comercializadores debe ser capaz de gestionar lo que comercializará. Foto: Sitio del Parlamento cubano.
Los ministros de Agricultura, Ydael Pérez Brito, y de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, junto a otros directivos de ambos ministerios, informaron este lunes a la prensa sobre cuestiones del funcionamiento de la nueva política de comercialización de productos agropecuarios, incluidas las novedades en términos de gestión, las atribuciones de productores y comercializadores, los comités de contratación y precios y las facultades de autoridades locales en la regulación de precios.
Aprobada hace un mes y medio y soportada en un paquete de normas jurídicas −que tienen como sombrilla el Decreto 35 de 2021 de Consejo de Ministros, De la Comercialización de Productos Agropecuarios, y como más reciente incorporación la Resolución 320/2021 del MFP−, se trata de “una política muy práctica, flexible, que se construyó junto a muchos productores”, dijo el ministro de la Agricultura.
“El conjunto de normas jurídicas que la van asegurando se adapta y se rectifica, acorde con la realidad de una agricultura con escasez de insumos, en medio de una pandemia y afectada por un bloqueo recrudecido”, agregó Pérez Brito.
Decreto 35/2021, De la Comercialización de Productos Agropecuarios (GOC-2021-437-049)
Resolución 320/2021 del Ministerio de Finanzas y Precios (GOC-2021-727-EX68)
Yisel González Marrero, directora de Comercialización del Ministerio de la Agricultura, destacó que es la primera vez que existe una política de comercialización de productos agropecuarios. “Incluye 51 principios, 31 de ellos totalmente nuevos, que rompen esquemas que teníamos y eliminan trabas”.
Como parte de la política, en la comercialización pueden participar todos los comercializadores del ámbito estatal y no estatal, empresas, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, y productores agropecuarios.
Un tema vital en este contexto −precisó González Marrero− es la autogestión. “Cada uno de los comercializadores debe ser capaz de gestionar lo que comercializará. Puede arrendar camiones, espacios, neveras, almacenes, pesas y cualquier otro insumo que apoye la comercialización. Va a depender de lo que sea capaz de gestionar”.
La funcionaria señaló que en este contexto se están actualizando todas las normas de calidad. “Insistimos en la necesidad de ofrecer productos con mayor valor agregado. Que lleguen a los mercados y puntos de venta productos de mayor calidad y con mejor presentación”.
También se promueve la creación de mercados de nuevo tipo, de los que actualmente hay 12 en La Habana.
Se basan en la recapitalización de mercados existentes, pero no se limita al entorno y la reparación. La directora de Comercialización del Minag explicó que hay 17 requisitos que deben cumplir, y que deben estar listados en las entradas de esas instalaciones.
“Entre esos requisitos están el servicio, la atención, la implementación del comercio electrónico (no solo para que la población pueda pagar por esa vía, sino para pagar a los proveedores y, con esa posibilidad de pago inmediato, eliminar las cuentas por pagar a los productores). Además, páginas online como parte del comercio electrónico, mensajería, cultura del detalle al exponer los productos, empleados uniformados y con un código de ético, y derechos del consumidor, entre otros”, apuntó.
Igualmente, el mercado puede contar con subarrendamientos a microindustrias que comercializarían allí, o a trabajadores por cuenta propia (TCP), que podrían asumir desde la mensajería hasta la comercialización de productos.
“Son mercados gestionados por formas estatales y no estatales, empresas, cooperativas, personas naturales… Se incluye, además, la venta ambulatoria de productos”, añadió.
Sobre la relación entre gestión minorista y mayorista, el ministro de la Agricultura señaló que hoy “el minorista puede ser también mayorista, comprar a otro proveedor y llevarlo a su mercado. En este sentido, no hay restricciones”.
La directora de Comercialización del Minag explicó que “se puede escoger lo que desee el comercializador. Puede ser minorista o minorista y mayorista, o establecer centros de compra, tener almacenes.
“Antes había trabas con respecto a los suministros de los TCP. Hoy todos estos esos mayoristas pueden suministrar a formas de gestión no estatal no relacionadas con la agricultura (como los restaurantes). Todas las variantes se flexibilizan para estimular la producción. Es un estímulo para productor que pueda gestionar su mercado o punto de venta”, dijo, y comentó que a un mes y medio de aprobada la política “ya han ido naciendo emprendimientos así, con buena recepción por parte de la población”.
“El productor puede recontratar, concurrir a la comercialización para que no se pierda nada. No hay monopolio. Todos son una familia de comercializadores. Esta política es innovadora y flexible, con variantes para comercializar. Por ejemplo, el productor puede gestionar logística y llevar su producto al mercado. No hay razón para que se pierdan producciones”, dijo el ministro de la Agricultura.
“El productor puede, incluso, rentar un espacio de un mercado por un día para vender producción que no tiene salida… Igualmente, puede vender al turismo, a otros sectores… O llevar producción a la industria. Hay flexibilidad para que no se pierda producto”, añadió la directora de Comercialización del Minag.
Comités de contratación y precios y facultades territoriales
Algo novedoso dentro de la nueva política son los comités de contratación y precios. En ellos participan comercializadores y productores, empresas y otros actores, y son dirigidos por autoridades de Gobierno. Funcionan a nivel municipal y provincial.
“Los consejos provinciales y consejos de la Administración Municipal, para el cumplimiento de las funciones que se le establecen en el presente Decreto, se asisten del Comité de Contratación de las producciones agropecuarias, en lo adelante Comité de Contratación.
“Presiden el Comité de Contratación el gobernador y el intendente, en sus niveles correspondientes.
“Integran el Comité de Contratación las delegaciones de la Agricultura, las empresas, las cooperativas, los productores agropecuarios, representantes de las entidades a los cuales se destinan las producciones y cualquier otro, según proceda”.
(Art. 9.1. Decreto 35/2021, De la Comercialización de Productos Agropecuarios)
Entre las funciones de los comités de contratación, están:
−Evaluar el nivel de actividad de la producción agropecuaria a partir de las posibilidades del territorio.
−Analizar las demandas de los destinos de la producción a partir de los intereses del Estado y prioridades de los balances.
−Elaborar el balance de los productos agrícolas a su nivel, estableciendo los ratificados de producción para el próximo mes y el estimado de la comercialización para los dos meses subsiguientes en la actividad acopiadora.
−Concertar para su territorio los precios de acopio mayoristas y minoristas y los precios por acuerdo aplicables a los productos agropecuarios que no tengan precios centralizados, de conformidad con los márgenes comerciales establecidos.
−Establecer los destinos de los productos que no puedan ser adquiridos por las formas de gestión que inicialmente los contrataron.
La facultad aquí es de los territorios, cuya autoridad se fortalece y que pueden, incluso, hacer análisis puntuales por productos, destinos específicos o sectores poblacionales.
En este punto, la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, recalcó que, como estable el Decreto 35 de 2021, “la facultad de las autoridades locales para regular precios no se elimina”.
El objetivo primordial −añadió− es seguir reconociendo los costos del productor, de manera que se le estimule para elevar la producción y cumplir con sus compromisos.
El ministro de la Agricultura, por su parte, precisó que los comités de contratación y precios trabajan tomando en cuenta factores como las normas, el transporte, las fichas de costo y otras realidades de los territorios y del sector agrícola.
Se busca estimular la vocación comercializadora y de gestionadores de los productores. Entre menos intermediarios, mejor. Suben los ingresos del productor y la calidad de sus productos.
“Que el productor se sienta bien produciendo, y que dependa más de su gestión. El contrato tiene un papel vital. Y flexibilidad no quiere decir falta de control. El control empieza por el productor”, dijo el ministro de la Agricultura.
La cuestión de los precios y el estímulo a la producción hay que relacionarla con algo que es real en estos tiempos, comentó la ministra de Finanzas y Precios.
El costo real de las producciones está determinado por el costo y escasez de plaguicidas, herbicidas y combustibles, en un escenario marcado por el impacto de la política de Estados Unidos para asfixiar la economía cubana.
“Este año enfrentamos no solo el ordenamiento monetario, con una devaluación del peso que influye en los precios, sino que los productores enfrentan las consecuencias de un bloqueo recrudecido, con falta de insumos agropecuarios y fertilizantes, además del encarecimiento de costos operacionales relacionados con la electricidad y el combustible.
“Tenemos que monitorear los costos del productor, y hay que ver el escenario, a la vez, integrado a las 63 medidas que se han venido implementando en el sector para estimular la producción”, dijo.
Bolaños Weiss recordó las adecuaciones a los productores en términos de tarifas eléctricas y consumo de agua, lo cual influye en el regadío y los costos.
“También se revisó y hay una decisión en el incremento del precio de Acopio del arroz (un cultivo que consumo muchos insumos). Y se decidió una rebaja de impuestos sobre los ingresos personales. Se busca que tengan mayor capacidad para afrontar los costos”, apuntó.
En cuanto a los precios máximos centralizados, la ministra recordó que antes del ordenamiento monetario estaban definidos para unos 40 productos agropecuarios, que ponían en un mismo nivel los distintos destinos y mercados. Con la Tarea Ordenamiento, se redujo a tres dirigidos a consumo social (malanga, plátano y boniato).
“Cuando se adquieren, el compromiso social de ese productor se paga de manera centralizada. Tenía dos precios: uno para consumo social (escuelas, otras instituciones y el sistema de atención a la familia, SAF), y otro establecido por los comités de contratación cuando iba al mercado.
“Ahora, tomando en cuenta el encarecimiento del costo real, y para estimular al productor, se eliminan esos precios máximos centralizados y se pasa a que sean establecidos por concertación entre instituciones y productores. Con una aclaración, publicada en la Resolución 320, y es que los administradores de presupuestos y el sistema de comercio interior deben adoptar medidas de gestión más eficientes y de control de esos productos para que lleguen a las instituciones sociales”, apuntó.
Resumiendo −precisó la Bolaños Weiss−, “se eliminan los precios máximos centralizados para malanga, plátano (vianda, fruta y burro) y boniato, y quedan a disposición de los procesos de concertación de precios, tanto con destino al consumo social como al mercado minorista. Pero no tiene que constituir una afectación del consumo social”.
Esto no va a tener un impacto en el déficit presupuestario del Estado. “No estamos incrementando presupuesto. Sabemos que hay reservas en la gestión más eficiente de los recursos, en el proceso de contratación eficaz, en la racionalidad en la cadena logística”, afirmó la ministra de Finanzas y Precios.
Se elimina el tope, pero −subrayó− sin detrimento de la facultad de autoridades provinciales y municipales para establecer precios minoristas de venta a la población que tomen en cuenta las necesidades y realidades territoriales.
“Ratificamos que esas facultades se mantienen, como también se mantiene la responsabilidad de las autoridades locales en el enfrentamiento a precios especulativos y abusivos”.
Igualmente, sigue centralizado el precio de las dietas médicas que incluyen productos agropecuarios, y se mantienen los límites y principios que rigen la formación de precios para el SAF. También se conservan los precios de los comedores obreros en el entorno de los 18 CUP por trabajador. Se busca estimular la producción, pero también el control.
La ministra de Finanzas y Precios reiteró que en Cuba “nunca vamos a ir a terapias de choque o de corte neoliberal. Hay reglas de mercado que existen, son inevitables, en un entorno económico complejo, de alza salarial y oferta reducida. Pero se seguirá protegiendo los frentes sociales”.
