El régimen cubano descartó el tope de precios de los productos agropecuarios mediante la resolución 320 de 2021 del Ministerio de Finanzas y Precios publicada el viernes en la Gaceta Oficial de la República.
La nueva disposición deja sin efecto el límite de crecimiento de los precios minoristas del plátano, la malanga y el boniato y de otras mercancías agropecuarias comercializadas por los vendedores privados que había sido implantada en febrero de este año.
La medida, largo tiempo reclamada por agricultores y expertos pretende, estimular la producción agrícola para, de manera gradual, aplacar la crisis de oferta en la isla.
“Ya la agricultura ha caído en un deterioro tan profundo que el hecho de quitar el tope al precio no va a paliar la situación de la economía ni la de la agricultura en estos momentos, porque los campesinos no están incentivados y los campesinos son una esfera social crucial en la política del país. Estas son medidas que se están tomando ahora, de las cuales nosotros en la campaña ´Sin campo no hay país´ hemos hablado”, manifestó el campesino pinareño Esteban Ajete.
La campaña “Sin Campo no hay País” demanda del Estado cubano la puesta en práctica de cinco medidas que consideran fundamentales para el desarrollo agrícola: Libertad para la producción y distribución de los bienes agropecuarios, independencia para fijar sus precios, libertad para importar y exportar directamente, incluso de Estados Unidos, anular por diez años todos los impuestos a productores y procesadores de alimentos y entregarles títulos de propiedad permanente.
“Sin embargo, el gobierno no ha querido ceder, entonces vemos medias tintas que en realidad no van a resolver el problema, porque, como todas las cosas tienen un principio de funcionamiento, aquí hay un principio también, y es la libertad: Libertad para que un campesino pueda escoger la forma de venta que más a él le convenga, sin la centralización de la economía o del Sistema de Acopio”, recalcó Ajete, presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba.
“O sea, mientras haya entidades parásitas que están dirigiendo la política hacia el campesino, éste se siente desmotivado. El campesino está en el surco, sembrando, elaborando; cuando termina su cosecha desea darle la mejor vía posible y tener la mayor cantidad de ganancia”, apuntó el trabajador agrícola.
Las autoridades cubanas continúan dando marcha atrás a medidas de control que obstaculizan la economía, con el objetivo de disminuir el descontento que demostraron las protestas del 11 de julio.
En ese sentido, el economista Roberto Díaz Vázquez cree que las históricas marchas fueron decisivas en las acciones que el gobierno ha ido tomando en los días posteriores.
“La supresión de los precios topados o lo que es igual, el establecimiento de una ley de oferta y demanda en cuanto al índice de precios para la comercialización de estos productos, hace muy claro que hay un viraje radical en cuanto a la posición política, a la económica y a la satisfacción social que esto puede generar. Ahora bien, en medio de la actual crisis, la desactivación de los precios topados incorpora un marcado contraste con lo que ellos han llamado ´las políticas gubernamentales de protección´, no sólo al consumidor, sino a la sociedad en su conjunto”.
“Es evidente que con la ruptura, el 1º. de enero del 2021, del contrato social definido desde 1960 ó 1959 por parte del gobierno cubano, muchas cosas han cambiado. Se hace necesario un viraje radical para que la sociedad cubana comience a legitimar, quizá no en un porciento mayoritario, pero sí en un número considerable de personas que, de alguna manera, defiendan los postulados de la actualidad política cubana. Se hace evidente entonces que estas transformaciones no van a parar”, señaló Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos, un centro con sede en La Habana que promueve el desarrollo de la economía de mercado y políticas de cambio en Cuba.
“Ahora fueron los precios, lo que instaura una política de mercado contrastada con la cuestión más importante para el gobierno cubano, que es el mantenimiento del sistema ideológico y político de la nación y de este sistema ideológico político hacia la sociedad cubana”, indicó el experto.
Por su parte, el economista Pedro Monreal analizó que la decisión del gobierno cubano “podría tener un impacto favorable bajo dos condiciones: apoyo al productor privado del agro y subsidio a familias pobres”.
“La eliminación de precios máximos en el agro es una medida con un problema de secuencia porque primero debieron haber venido las medidas para favorecer la capacidad de respuesta de oferta privada, que es crucial en la producción de alimentos en Cuba”, escribió Monreal en un post en Facebook.
Asimismo agregó que dada la razonable posibilidad de que los precios se incrementen tras su liberación, “el subsidio enfocado en la alimentación de familias pobres es importante para ofrecer protección social, especialmente en el corto plazo”, aconsejó el economista cubano asentado en París.
