Dos asunciones, una la formal, y otra ante la historia en el paraje andino donde se libró la batalla de Ayacucho, que puso fin al colonialismo español en América del Sur, formalizaron esta semana el inicio del gobierno del profesor Pedro Castillo en Perú, una nación identificada ahora por grandes males políticos y sociales.
Castillo, 51 años, del partido Perú Libre, de tendencia progresista, comienza una administración flanqueada por la esperanza de los estratos más pobres, —entre ellos los campesinos y los pueblos indígenas— pero también por la amenaza de una oligarquía dispuesta a todo por mantener sus privilegios.
Luego de semanas de espera debido a las impugnaciones de su rival, Keiko Fujimori, la Junta Electoral Nacional lo declaró ganador de los comicios del pasado 26 de junio, en los que obtuvo el 50,2 % de los votos válidos, mientras su contrincante el 49,9 por ciento. O sea, que aunque triunfó, el profesor deberá buscar alianzas con otras organizaciones, ya que no cuenta con la fortaleza institucional otorgada por una victoria contundente.
Nacido en cuna humildísima en Cajamarca, en el llamado Perú profundo, hasta ganar el máximo cargo gubernamental, Castillo se desempeñaba como maestro en una escuela rural de la localidad de Puña. En una de sus primeras decisiones renunció al nuevo salario para continuar con el de profesor de primaria.
Líder sindical, con un máster de la Universidad de Los Andes en Psicología Educacional, resultó la gran sorpresa de los últimos comicios. Este hombre de pequeña estatura, tocado con un sombrero chotano típico del campesinado, hizo su campaña a caballo, animal muy utilizado en las zonas del interior del país, y su nombre nunca apareció en las redes sociales. En la ceremonia de asunción apareció ataviado con su tradicional sombrero de paja y ala ancha y un terno con motivos indígenas
Cuando concluyan las festividades, ante el mandatario se impondrá la realidad de una nación que espera que cumpla sus compromisos enunciados: hacerle frente a la pandemia de la COVID-19, que en Perú deja hasta ahora dos millones de casos confirmados y casi 200 000 fallecidos, lo que lo convierte en el quinto país del mundo con mayor número de occisos por la pandemia.
El nuevo ejecutivo debe poner rápidamente mano, y así se lo propone, a los cambios en el sistema sanitario, pero para ello hay que accionar los medios financieros y humanos para tal objetivo. Problemática tarea en medio de las dificultades de la ruina institucional representada en el sistema sanitario, por lo que es posible que acuda al apoyo de las organizaciones populares para conseguir vencer el virus.
La carencia de un sistema de salud pública, falta de personal sanitario y de insumos médicos hicieron colapsar los hospitales, amén de que estos no existen en las zonas pobres del país.
No es todo. Desde hace más de un año la nación andina lidera también la tasa de mortalidad por cada 100 000 habitantes. Es decir, mueren más personas en proporción con su población de 33 millones 35 304 ciudadanos.
Es vital que el Ejecutivo avance en la campaña de vacunación que, hasta ahora, solo inmunizó al 12,6 % de los peruanos con dos dosis y al 21 % con una. De ahí el alto número de contagios y de fallecidos.
Otro asunto de suma importancia es el crecimiento del nivel de pobreza. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que entre 2019 y 2020 la pobreza subió del 20,2 % al 30 %, el nivel más alto, dijo, de la última década.
Las cifras se corresponden, según el INEI, con la caída del 11 % del producto interno bruto (PIB) nacional el pasado año, la peor registrada en tres décadas.
Números que pueden ser peores aún, pues debido al atraso en su proclamación, Castillo aun no posee una rendición de cuentas de las partidas oficiales de las anteriores administraciones. Cinco ex mandatarios previos están involucrados en hechos de corrupción, que engrosaron sus bolsillos en miles de millones de dólares. Están por comprobarse los fondos a disposición del Estado.
Pero el presidente, que es más sagaz e inteligente de lo que sus enemigos consideran, conoce que los muchos problemas existentes no pueden resolverse con regulaciones para uno u otro sector, sino que la salvación nacional será la redacción de una nueva Constitución Nacional que reestructure las bases políticas, económicas y sociales existentes, favorecedoras de la oligarquía y los grandes capitales extranjeros.
Por eso una de las prioridades de la nueva administración es cumplir con la exigencia popular, en especial en los grupos más jóvenes, que en sus movilizaciones aspiran a un cambio nacional radical.
La Carta Magna nacional vigente fue redactada en 1993 a conveniencia del dictador Alberto Fujimori (1990-2000) y refleja la aspiración de la burguesía de un modelo de república unitaria, excluyente de los pueblos de Perú. El nuevo texto fortalecerá la puesta en práctica de una economía inclusiva que deje atrás la desigualdad social y el entreguismo de los recursos naturales a las grandes compañías trasnacionales operativas en el país.
En su discurso de asunción, marcadamente soberano, el profesor ratificó la intención de impulsar la Asamblea Constituyente —como antes lo hicieron con éxito Bolivia, Venezuela y Ecuador— con delegados representantes de todos los sectores sociales, para darle un carácter plurinacional a Perú y el propósito de beneficio con sus recursos naturales y la existencia de plenitud de derechos para todos.
Analistas coinciden en que el camino del nuevo gabinete está empedrado. Las elecciones demostraron que una considerable parte del pueblo peruano, con un alto índice de analfabetismo político, no solo de instrucción, es cambiante ante la propaganda contraria al progresismo.
La polarización política entre Castillo y la lideresa Fujimori, la cara del partido derechista Fuerza Popular, fue notable en los resultados electorales, aunque la perdedora por tercera vez consecutiva en presidenciales, aun no ha reestructurado sus bases. Tan convencida estaba de que entraría triunfante a la Casa de Pizarro.
Su futuro incluso es incierto. La excandidata tiene una cuenta pendiente con la justicia por lavado de dinero y otras fechorías. La Fiscalía General solicita para ella un juicio en el que podría ser condenada a 30 años de prisión.
Aunque agazapada por el momento, la Fujimori, seguidora de las orientaciones de la embajada de Estados Unidos (EE.UU.) en Lima, la capital, solo está esperando el momento en que comience el normal movimiento gobierno-congreso para atacar de nuevo.
Dos hechos que denotan el odio hacia Castillo y sus ideas renovadoras ocurrieron en las horas previas a su toma de posesión.
El pasado día 26, cuando se eligió la mesa directiva del Congreso, varias fuerzas opositoras dejaron sin participación al oficialista Perú Libre. Esos grupos que tratarán de hacerle un infierno la gestión al mandatario lo hicieron con la aprobación por mayoría de una resolución que excluyó a una lista prevista.
El mandatario estará bajo el acoso parlamentario de la fracción fujimorista con sus 24 escaños, la segunda bancada más importante en ese órgano. El oficialismo posee 37 de los 130 curules, insuficientes para tomar el control.
Otro acontecimiento que causó vergüenza nacional tuvo lugar cuando los personeros del derechista partido Acción Popular, líder de la Mesa directiva, impidió que el jefe de Estado saliente, Francisco Sagasti, hiciera entrega de la banda presidencial al profesor, y lo obligaron a depositarla en manos de un subalterno. Sagasti optó por retirarse y no asistir a la ceremonia.
La inusual acción se considera una venganza de la derechista organización por la caída de su jefe, Manuel Merino, anterior líder del órgano legislativo que destituyó al mandatario Martín Vizcarra, ocupando su lugar. Solo duró tres días en el cargo ante las grandes movilizaciones populares que exigieron su renuncia. Su lugar fue ocupado por Sagasti.
La crisis e inestabilidad política han caracterizado al Perú que solo en los últimos cinco años tuvo cuatro dignatarios, y en una década ocho, de los cuales solo tres completaron su mandato.
Luego de estrenar la banda presidencial —a la que llegó sin pisar la alfombra roja de la Casa de Pizarro— Castillo tendrá que maniobra muy bien el timón gubernamental, según él, sin faltar a sus principios, pero tratando de que la clase política respete y defienda una democracia aún representativa hecha jirones. Por supuesto que lograrlo no es interés del fujimorismo. Todo lo contrario.
Es muy probable que si Keiko es juzgada, su hermano Kenji se encargue de la campaña de miedo hacia lo que Castillo y su gobierno representan.
Lo han acusado de comunista, de chavista, y de todo lo que consideren un peligro para los mercados y para muchos confusos de la población, una tarea a cumplir siempre que haya —no importa cuál sea el escenario— un político de izquierda.
La presión de la ultraderecha, no solo peruana sino latinoamericana, seguramente se hará visible en Perú, pues en esa región se vuelve casi un hábito eliminar presidentes y gobiernos. Recuérdese la campaña desestabilizadora contra Venezuela y el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro; el reciente asesinato del mandatario haitiano Jovenel Moïse, las guerras difusas contra Nicaragua y Cuba o los llamados golpes blandos, ya aplicados en Brasil, Honduras y Paraguay.
Los días demostrarán si llegó a Perú, como proclamó el mandatario, “el tiempo de la reconstrucción de la gran unidad nacional”.
Con optimismo de cara al futuro, Castillo llamó a “dejar de lado las diferencias ideológicas, las posiciones políticas e intereses para arrancar a nuestra patria de las graves crisis que la agobian”, un mensaje que probablemente ni siquiera fue escuchado por los fujimoristas.
