Una de las preguntas enviadas por ADN Cuba a COIN, sin respuesta hasta el momento, es si una de las “barreras de derechos humanos” que el CENESEX debería combatir con esos fondos, es la discriminación política en el acceso de los pacientes de VIH-SIDA al tratamiento adecuado.
El 6 de noviembre de 2020, Yaquelín Heredia Morales, integrante del grupo opositor Damas de Blanco y paciente con VIH, denunció, junto a su esposo y otros activistas de derechos humanos, las dificultades que enfrenta para obtener atención médica en la Isla.
Yosmany Labrada, ex miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en conversación con ADN Cuba contó que fue difícil para él hacerse la prueba de VIH cada seis meses a fin de monitorear la progresión de la enfermedad. Labrada dijo que las pruebas se realizaban principalmente en personas recién diagnosticadas y mujeres embarazadas que vivían con el VIH-SIDA, pero que, a las que habían sido diagnosticadas hacía años, les era difícil hacerse la prueba cada seis meses.
Labrada cree que en su caso también se trató de una táctica represiva en concexión con el trabajo que realizaba dentro de Cuba como activista LGBTI, miembro de la UNPACU y por ser alguien que criticaba frecuentemente a Mariela Castro Espín.
Señaló que antes de salir de la isla rumbo a Estados Unidos, acudió a una farmacia local para obtener sus medicamentos y que le habían dicho que no había, lo que lo obligó a obtener su tratamiento en el mercado negro durante los tres meses previos a emigrar.
“O no tenían o no querían darme los medicamentos usando el déficit de productos como excusa”.
En contraste, muchas organizaciones civiles que abogaban por los derechos de los pacientes con VIH, permanecen sin reconocimiento legal en Cuba y los activistas enfrentan persecución por expresarse. En septiembre de 2020, el grupo Cuba Independiente y Democrática (CID) denunció la muerte de la paciente con VIH, Anisleidis Suárez Arrechea, de 34 años, residente en el barrio Villa Josefa de la ciudad de Santa Clara, en condiciones de extrema pobreza.
El CID intentó abogar por Suárez Arrechea, y el 6 de diciembre de 2019, la activista escribió una carta a las autoridades provinciales del Partido Comunista y al gobierno solicitando asistencia financiera para paliar su situación.
La organización dominicana tampoco respondió nuestras preguntas sobre el monto del acuerdo con CENESEX, las actividades que deberá corrdinar la organización dirigida por Castro Espín para satisfacer el acuerdo o los mecanismos utilizados para fiscalizar el apropiado uso de los fondos.
Documentos consultados indican que del Fondo Global recibió de Cuba, por intermedio de las Naciones Unidas, la solicitud de $2,183.684 en fondos para 2018, en concepto de “iniciativas de comunicación” que ayuden a promover “conductas sexuales responsables en grupos de alto riesgo y población en general a través de actividades de información, educación y comunicación”.
Para hacer posible la iniciativa de comunicación, el régimen de La Habana presentó un presupuesto de $2,183.684 en en 2018, $1513,418 en 2019, $1557,325 en 2020 y ha proyectado gastar $87,580 en 2021 solo en “actividades de comunicación”.
Un activista consultado por ADN Cuba que trabajó en el CENESEX indicó que “la campaña es una inversión millonaria en aparentar que se lucha contra la homofobia” , y agregó que el problema del gobierno no es de donde vienen los fondos si no cómo controlarlos.
