Varios líderes de la oposición cubana y los principales activistas de la sociedad civil están con operativos policiales en sus viviendas para impedirles salir a la calle pero otros permanecen en prisión desde el levantamiento nacional ocurrido el 11 de julio.
Familiares de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y presidente del Consejo para la Transición en Cuba, han denunciado que está detenido en Versalles, un lugar que ha sido denunciado como un “centro de tortura” de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba.
La familia de Ferrer cree que el opositor pudiera estar en huelga de hambre, y no han tenido comunicación alguna con el detenido desde el 11 de julio.
Mientras Félix Navarro, vicepresidente del Consejo para la Transición en Cuba y fundador del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, se contagió de COVID-19 tras ser detenido el 12 de julio. Actualmente se encuentra reportado de cuidado pero estable, en el hospital Militar de Matanzas.
El opositor Francisco Rangel Manzano, también integrante del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, continúa en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas. Regla Burunate, esposa de Rangel Manzano dijo a Radio Martí que el activista presenta problemas de salud por una cardiopatía que padece y que no la habían hecho llegar los medicamentos requeridos.
Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI), está encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay.
También el opositor Carlos Manuel Pupo Rodríguez, al frente del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) fue detenido durante el levantamiento popular del 11 de julio en San Antonio de los Baños y encarcelado en el Combinado del Este. Tras contagiarse de coronavirus ha sido trasladado al hospital Salvador Allende, antigua Quinta Covadonga, en La Habana.
Por otra parte, Virgilio Mantilla Arango, líder fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, fue condenado el pasado viernes en Florida, Camagüey, a 9 meses de prisión por el supuesto delito de “desacato”.
Según el grupo de asesoría legal Cubalex se han documentado al menos 700 detenciones desde que comenzaron las protestas.
Muchos de los detenidos han sido condenados en procesos judiciales sumarios sin que se garantice adecuadamente el derecho de defensa de las personas.
La Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas (CONCUR por sus siglas), alertó en un comunicado que en los juicios sumarios contra manifestantes del levantamiento nacional del 11 de julio los acusados no cuentan con representación legal.
Una denuncia similar ha hecho la organización Human Rights Watch: “Los reportes que recibimos de Cuba son desoladores. Calles altamente militarizadas. Cientos de manifestantes detenidos. Ya han comenzado a juzgar a varios con procesos sumarios que no permiten derecho a la defensa. Muchos activistas y periodistas bajo prisión domiciliaria”.
El grupo Cuban Prisoners Defenders denunció que “los juicios sumarios, sin abogados ni posible defensa, se están produciendo simultáneamente en número de 10 acusados, e incluso hemos conocido casos de 30 acusados simultáneos. Estamos hablando de cientos de personas procesadas, si no miles. Una gravedad extrema”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) manifestó su preocupación por los reportes recibidos sobre graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las jornadas de protesta que iniciaron el pasado 11 de julio en Cuba.
Además de reiterar su condena a las acciones de represión denunciadas durante las manifestaciones, la Relatoría advierte que los reportes que llegan desde sociedad civil son graves y merecen atención por parte de las autoridades y la comunidad internacional.
