El 12 de julio de 2021 la periferia habanera se despertaba. Los habitantes de La Güinera, en Arroyo Naranjo, se tiraban a las calles. Entre los manifestantes, el estudiante Eloy Bárbaro Cardoso Pedroso, de 18 años.
Cardoso Pedroso estuvo en medio de la multitud que gritaba “¡Libertad! y “¡Patria y Vida!”, y la policía lo supo.
El 19 de julio, cuando La Habana experimentaba una calma tensa, punteada por golpes de tonfas, palos y disparos, fueron a apresarlo.
Los agentes se presentaron en motos. “Se lo llevaron sin nasobuco y sin casco”, asegura su padre Eloy Cardoso Milanés.
Como tantos otros jóvenes, Eloy no milita en ningún partido político, ni es opositor, su padre insiste en ese detalle, y cuenta que su hijo estudia el tercer año de Construcción Civil. Eloy es prácticamente un niño, pero los niños están siendo enjuiciados por el Estado cubano luego del 11 de julio en juicios exprés y están siendo condenados a muchos meses de cárcel.
¿Qué ha pasado con el caso de Eloy Cardoso Pedroso?
En un inicio Cardoso Pedroso fue llevado a la unidad policial del Capri. En horas de la tarde lo trasladaron hacia el antiguo penitenciario Ivanov, conocido como la prisión para menores del Cotorro, otro municipio capitalino.
La única visita que le permitieron a su madre, Servilia Pedroso Araujo, ocurrió el miércoles 21 de julio. Eloy le habló con el miedo de quien desconoce qué le podría suceder mañana. Alguien rodeado de historias de violencia cuando apenas sale de la pubertad.
“Él estaba muy nervioso, me habló muy bajito, aunque ellos ahí lo escuchan todo. Me dijo: ‘Mamá, aquí le han dado golpes a los que llegaron antes que yo’. Él nunca ha estado envuelto en nada de eso”, contó a ADN Cuba, Pedroso Araujo.
Las autoridades penitenciarias comunicaron a la madre que no podría ver más a su hijo. El domingo 25 de julio la llamaron para informarle que Eloy había sido transferido a la cárcel de 100 y Aldabó.
“No me dejan verlo porque dicen que está bajo investigación. Fui a verlo y no me quisieron dar detalles. Ya puse un abogado el lunes 26 de julio. Él me contó que lo acusan porque dicen que tienen un video de él y que otra persona lo está mencionando”.
Cardoso Pedroso ya tiene número de expediente, el 145, y está acusado por los supuestos delitos de “desorden público” y “atentado”, este último debido a que las autoridades aseguran tener pruebas de que el joven lanzó piedras mientras se manifestaba.
En el Código Penal cubano se establece una pena de uno hasta tres años para quien cometa “atentado”.
El Artículo 142 estipula que “el que emplee violencia o intimidación contra una autoridad, un funcionario público, o sus agentes o auxiliares, para impedirles realizar un acto propio de sus funciones, o para exigirles que lo ejecuten, o por venganza o represalia por el ejercicio de éstas, incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres años”.
En el mismo Código, la figura de “desórdenes públicos”, aplicada en su figura básica a los recientes procesados en juicios sumarios, declara en su Artículo 200.1 que:
“El que, sin causa que lo justifique, en lugares públicos, espectáculos o reuniones numerosas, dé gritos de alarma, o profiera amenazas de un peligro común, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”.
Asimismo, el apartado 2 indica que: “Si los actos previstos en el apartado anterior se realizan con el propósito de provocar pánico o tumulto, o de cualquier otra forma altere el orden público, la sanción es de privación de libertad de uno a tres años o multa de trescientas a mil cuotas o ambas”.
Se añade que si para llevar a cabo el hecho se utiliza cualquier arma o materias explosivas las sanciones aumentan. En el primer caso de uno a tres años y en el segundo de dos a cinco años de privación de libertad.
El mismo gobierno que acusa a Cardoso Pedroso y que podría mandarlo por años a la cárcel fue el que autorizó el uso de la fuerza contra los manifestantes: el enfrentamiento entre ciudadanos, los tiros, la represión de las fuerzas antimotines contra un pueblo desarmado.
Hoy sus padres desconocen su paradero exacto.
“El abogado dice que está en el Combinado del Este, que el proceso demora. Pero mi esposa fue ahora y le dijeron que estaba en otra cárcel, ¿a quién creerle?
Ahora no sabemos nada de él. Solo pudo llamar una vez desde la prisión del Cotorro, unos 10 minutos. No nos dejan llevarle comida. No sabemos quién es el instructor. Nosotros estamos muy preocupados”, dijo su padre.
Un día antes de las protestas antigubernamentales en La Güinera, que dejaron tras de sí un muerto a manos de la policía, más de 60 localidades se sumaban a una manifestación que comenzó en San Antonio de los Baños, en Artemisa.
La ONG Cubalex, que da asesoría legal a defensores de derechos humanos, ya suma en su listado unos 706 detenidos y desaparecidos durante las protestas que comenzaron en la isla el 11 de julio.
