Aunque las investigaciones relacionadas con los disturbios recientes aún están en curso, los tribunales de justicia municipales han procesado, hasta el momento, 19 asuntos, los cuales involucran a 59 personas, según informó este sábado, en conferencia de prensa, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular.
Se trata, dijo, de casos relacionados, fundamentalmente, con desórdenes públicos, instigación a delinquir, desacato, daños y otras figuras delictivas de menor entidad, que pueden contemplar sanciones de hasta un año de privación de libertad.
Reiteró que, actualmente, estos procesos penales están en pleno desarrollo y todavía no se han decretado sentencias firmes, al tiempo que insistió en el derecho de los implicados a establecer recurso de apelación en los tribunales de segunda instancia, dígase los tribunales provinciales.
En su intervención, recordó que los tribunales cubanos están estructurados en un sistema de órganos que funcionan de manera independiente, y solo deben obediencia a la Constitución y las leyes.
Remigio Ferro llamó la atención sobre las campañas de descrédito echadas a andar por estos días, con las cuales se pretende denigrar la legitimidad y la transparencia del actuar de los jueces.
También se ha querido sembrar la idea de que estamos ante procesos sumarísimos, lo cual no es cierto, aseveró.
En ese sentido, explicó que estos asuntos tramitados tras los disturbios, que han sido competencia de los tribunales municipales, se dirimen por procedimientos, según nuestras leyes, más ágiles y expeditos, pero no exentos del cumplimiento de todas las garantías, incluyendo el derecho a la defensa.
SEVERIDAD ANTE LOS HECHOS DIRIGIDOS A SUBVERTIR EL ORDEN CONSTITUCIONAL
En la jornada, la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, abundó en el papel de los fiscales luego de los disturbios que, como en el resto de los procesos, ha estado orientado a evaluar, desde la individualidad, los hechos cometidos y las personas que han sido detenidas.
Agregó que se ha entrevistado a un grupo importante de acusados presentados a medida cautelar de prisión provisional; se ha revisado un grupo de medidas no detentivas, a algunos se les han impuesto sanciones administrativas, y otros ciudadanos, tras las investigaciones, han quedado en libertad sin cargos.
No obstante, subrayó, hay un grupo de hechos de extrema violencia, que por su connotación se ha dispuesto la continuidad de la investigación en expedientes de fase preparatoria, lo cual lleva más tiempo, en pos de determinar la responsabilidad de cada uno de los participantes.
Recordó que, durante los disturbios tuvieron lugar hechos de extrema gravedad contra personas, autoridades y bienes, tanto estatales como personales, y esos son los hechos que hoy se investigan.
Peña Ojeda también señaló que, como parte de las funciones de la Fiscalía, respecto a estos casos se han atendido, por todas las vías de comunicación dispuestas, más de 90 personas, muchas de las cuales han solicitado orientación y otras han presentado quejas, que están siendo investigadas.
Asimismo, enfatizó en la labor de los fiscales, enfrascados en profundizar en la individualización, la participación, el material probatorio, en el cumplimiento de todas las garantías y derechos de las personas, contemplados como parte del debido proceso.
Yamila Peña afirmó que, dentro de la ley, se actuará con severidad en los casos más graves, en los que se demuestre que las personas organizaron, promovieron y financiaron los hechos más connotados que afectaron la seguridad colectiva y jurídica y la tranquilidad ciudadana, y que como motivación tuvieron la de tratar de subvertir el orden constitucional del país.
Durante la conferencia de prensa, Lilia María Hernández, presidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, hizo hincapié en el trabajo de los abogados, quienes han defendido con profesionalidad a los presuntos acusados y también han atendido a los familiares que han buscado representación legal.
Ahora, acotó, estamos en el momento de los recursos de apelación. Tenemos decenas de contratos de servicios jurídicos, fundamentalmente en La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, donde han acudido muchos familiares y algunos de los sancionados, pues están inconformes con los fallos.
Al respecto, reiteró Rubén Remigio, lo más importante es tramitar las inconformidades por los canales establecidos a tales efectos.
