Luego de días agónicos en que trataron de arrebatarle su victoria, el nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, asumirá su cargo el próximo 28, en coincidencia con el día del bicentenario de la independencia de la metrópoli española, en lo que analistas coinciden es un hecho simbólico cuando por primera vez en décadas el izquierdismo vuelve a gobernar la nación andina.
Castillo, 51 años, profesor en la escuela rural de Puña, en Cajamarca, líder sindical magisterial, y postulado por el partido Perú Libre, de tendencia progresista, fue proclamado esta semana como ganador de los comicios efectuados el pasado 6 de junio.
De procedencia campesina, reconocido defensor de su comunidad situada en el departamento de Cajamarca, donde nació, cursó estudios universitarios en el Instituto Superior Pedagógico Octavio Matta Contreras y en la Universidad César Vallejo, en la que obtuvo una maestría en Psicología Educativa.
Su experiencia de 24 años como profesor la entregó de regreso a su escuela primaria de Puña a partir de 1995, donde es educador hasta ahora.
El martes último el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo declaró presidente electo, más de un mes después de que ganara limpiamente a la contrincante de derecha Keiko Fujimori, negada a reconocer su derrota por tercera vez consecutiva ante distintos aspirantes al Palacio Quemado.
La hija del dictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción administrativa, presentó más de 200 impugnaciones para evitar el nombramiento del legítimo ganador. Castillo obtuvo 50,125 % de los votos válidos, mientras que su rival recibió el 49,875 % y, aunque fue una pequeña diferencia, resultó suficiente para su derrota.
Las fuerzas de la derecha peruana, organizadas en una poderosa oligarquía, hicieron lo imposible para impedir que este desconocido desarticulara sus planes de mantenerse por tiempo indeterminado al frente del gobierno, que en las últimas décadas es uno de los de menor prestigio en la política regional.
Cinco ex presidentes peruanos, al igual que un alto número de miembros del Congreso Nacional, están acusados de ladrones del erario público, lo que mantiene al país en una continua crisis de incredibilidad de la clase política.
La victoria de Castillo remite a la esperanza de que Perú podría retornar —aunque nadie duda que será difícil— al ciclo del progresismo latinoamericano, con ideas integracionistas e inclusivas, en especial para los habitantes de las zonas rurales, las más pobres y olvidadas por las administraciones de turno.
Desde que de manera sorpresiva ganó la primera vuelta de las elecciones para enfrentarse en solitario a Fujimori, los reflectores se volcaron sobre esta figura absolutamente inadvertida para los halcones del neoliberalismo peruano.
Hizo su campaña a caballo, el medio de transporte más utilizado en áreas campesinas, tocado con un sombrero de alas anchas, sin redes sociales a su alrededor, ni el suficiente dinero para aparecer en los medios de comunicación. Pero su contacto directo con el pueblo, las vivencias que recogió sobre el descuido gubernamental para atender a los contagiados por la COVID-19, la hambruna en las zonas rurales, la carencia de atención a la educación y a la salud pública, le permitieron identificar sus principales preocupaciones si ganaba los comicios. Ahora están en su agenda de gobierno.
Ante el pueblo, en sus discursos, este candidato de izquierda convenció de que es posible un programa político diferente, que ubique al país de 32,6 millones de habitantes, un 30 % viviendo en pobreza, luego de décadas de inestabilidad institucional.
Al profesor Castillo, que enarbola un enorme lápiz símbolo de su partido y de la necesidad de la educación, le esperan grandes inconvenientes para poner en práctica sus planes de inclusión social.
Tiene en su contra a los votantes de Keiko Fujimori, pertenecientes a las clases más adineradas, y quien, hasta ahora, continuará al frente de su partido Fuerza Popular, tratando de obstaculizar la gestión oficialista, si no es enjuiciada antes por lavado de dinero.
Para analistas, el futuro de esta lideresa política en el escenario peruano, aunque algunos lo dudan, pasa porque sea juzgada por un caso vinculado al escándalo del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, por lo cual la fiscalía busca condenarla a 30 años y 10 meses de prisión.
Si queda libre, su principal empeño será la eventual desarticulación del gobierno —como ha hecho hasta ahora— mediante distintas vías, entre ellas la parlamentaria, la más usada por su partido.
Aunque sin estar en apariencia convencida, la rival del profesor de Cajamarca aceptó su derrota el pasado lunes y lo hizo porque ya no le quedaban más recursos de impugnación contra el izquierdista. No obstante, insistió en que Perú Libre le había robado miles de votos el día de las elecciones, pero sin pruebas que corroboren tal criterio.
Aunque su hermano Kenji pudiera mantener vivo el movimiento fujimorista, si su lideresa es condenada la Fiscalía pediría la disolución de Fuerza Popular.
LOS NUEVOS FRENTES DE CASTILLO
El nuevo mandatario recibe un país con graves problemas económicos, a pesar de sus inmensos recursos naturales.
Perú tiene casi una tercera parte de su población bajo el límite de la pobreza; unos 4 000 000 de trabajadores informales; altos porcentajes de niños con desnutrición crónica, y analfabetismo. Se estima que el 19 % de los peruanos entre los 15 y 24 años, casi un millón de personas, no estudia ni trabaja.
La debilidad del sistema de salud también está en la mira de los cambios. El azote de la pandemia de COVID-19 deja en Perú más de 320 000 casos positivos. Los decesos por el nuevo coronavirus ascienden a más de 11 700.
Perú es el segundo país en América Latina con más enfermos por la COVID-19, detrás de Brasil, y aunque hay una ligera baja de casos, las autoridades sanitarias esperan un nuevo rebrote de la enfermedad en corto plazo.
Otro de los grandes desafíos de Castillo es su relación con el Congreso Nacional, que de manera tradicional obedece fielmente a los intereses de la oligarquía nacional que maneja las más importantes empresas trasnacionales asentadas en el país. También entre sus atribuciones, siempre manejado por la derecha, está la de decidir cambios presidenciales, como el de Pedro Pablo Kuczynski, atrasar leyes enviadas por el Ejecutivo e, incluso, iniciar un proceso de impugnación al mandatario de turno.
La relación de fuerzas en el Congreso favorece a los opositores a la nueva administración.
Castillo solo tiene 37 legisladores propios sobre 130, que pueden llegar a 42, sumando a los progresistas de Verónika Mendoza, con quien el presidente electo realizó un acuerdo antes del balotaje. La mayoría del resto de los diputados (88) pertenecen a la derecha. Aunque el frente conservador está fragmentado, es factible que unifiquen su votación ante los izquierdistas.
De ahí que los asesores de Castillo sean cautelosos en cuanto a los planes de cambio inmediato que se propone el nuevo gobierno y han descartado medidas intervencionistas, como el control de precios o de importaciones. Las nacionalizaciones, tan temidas por los neoliberales, resultaron descartadas, al menos por el momento, pero sí hablan de renegociaciones de impuestos a las grandes compañías mineras.
Son 30 años de neoliberalismo, unidos a una pandemia global, en la que deberá primar la inteligencia y la suspicacia para evitar choques frontales con los grandes capitales y el sistema imperialista.
El presidente electo reconoce su compromiso, en especial, con las zonas rurales de donde procede, azotadas por el hambre y la miseria, además de las bandas paramilitares de sicarios pagados por hacendados. Castillo perteneció al movimiento de “ronderos” integrado por vecinos que defienden las comunidades de ataques armados.
Un elemento que utilizarán sus enemigos para atacarlo será sus relaciones con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, un médico que expresó su afinidad con el gobierno de Venezuela y fue inhabilitado en las elecciones por ser condenado por presunta corrupción cuando gobernaba la región de Junín.
Sin embargo, aunque fue su candidato, Castillo no milita en esa agrupación, por lo que, indican observadoras, debe alejarse de ciertos extremismos ideológicos y planes autoritarios planteados por la agrupación.
Una de las prioridades del mandatario electo es, como ocurrió en varios países latinoamericanos, la redacción de una nueva Carta Magna para la reestructuración de la nación.
El objetivo es convocar, mediante un referendo a “una Asamblea Constituyente que elabore una nueva constitución” y reconozca expresamente los derechos a la salud, la alimentación y la vivienda, entre otros.
También prevé un “rediseño del Estado que garantice la toma de decisiones transparente con participación activa de la ciudadanía” y “practique la planificación estratégica, regule e invierta”, advirtió el profesor en su campaña.
Incluso, en el último debate con Keiko Fujimori precisó que la inversión privada será bienvenida, pero con reglas claras. “No exploten a nuestros trabajadores”, dijo.
Respecto a la semejanza de su programa gubernamental con la de otros países que abrazaron el socialismo —entre ellos Ecuador y Bolivia— Castillo precisó que “el pueblo se siente identificado con una persona que nace del mismo pueblo”, sin mencionar, como hacen los medios peruanos, a los expresidentes de Bolivia Evo Morales y, de Ecuador, Rafael Correa.
