La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador realiza un juicio político contra el Contralor General, Pablo Celi, por su implicación en hechos de corrupción e incumplimiento de funciones.
El titular ecuatoriano está recluido en la Cárcel 4 de Quito, mientras espera por las conclusiones del proceso judicial conocido por Las Torres, donde se aceptaron sobornos por altos funcionarios del Gobierno ecuatoriano para el desvanecimiento de glosas o limpieza de informes en compañías monopólicas, por parte de la Contraloría General del Estado, según detalla la agencia Prensa Latina.
Varios chats de Celi y de miembros de su ministerio, difundidos en Internet, muestran abiertamente indicaciones para tomar acciones irregulares, mientras otros evidencian los compromisos adquiridos con diferentes personas. Ellos cambiaron órdenes de trabajo, notificaron destituciones y limpiaron pruebas que implicaban a los funcionarios públicos, terceros involucrados o beneficiarios.
De acuerdo con informaciones difundidas en diversos medios de comunicación, los indicios recopilados dan cuenta de pagos irregulares por valores millonarios, por parte de empresas, para borrar observaciones en su contra. Se tiene la certeza de que 112 millones de dólares se giraron para eliminar información de la transnacional de Telecomunicaciones que opera en Ecuador. El caso también implica a la empresa pública Petroecuador y a la secretaría general del Gabinete de la Presidencia.
El proceso guarda relación con la pesquisa abierta en 2019, que comenzó con la indagación penal contra el sobrino de Celi y el exfuncionario de Petroecuador, Raúl de la Torre, encausado en Estados Unidos por el delito de lavado de activos, tras ser acusado de recibir sobornos de una empresa para mantener contratos estatales.