MIAMI, Estados Unidos.- En su Informe Anual sobre Derechos Humanos y Democracia en el Mundo, publicado esta semana, la Unión Europea (UE) calificó de “difícil” la situación de los derechos y las libertades en Cuba, y reconoció asimismo que “la libertad de expresión, de asociación y de reunión siguió siendo objeto de importantes restricciones en 2020, con informes sobre numerosas detenciones y encarcelamientos arbitrarios”.
El texto, en su acápite dedicado a Cuba, abordó incluso el tema de la libertad de circulación, la cual “sufrió nuevas restricciones debido a la pandemia de COVID-19, ya que las estrictas medidas adoptadas para contener la propagación del virus se utilizaron también contra los activistas”.
“La libertad de prensa siguió siendo un motivo de preocupación, ya que Cuba se situó entre los diez países ‘menos libres’. El ‘desacato’ y la ‘propagación de las epidemias’ se utilizaron para restringir la información ciudadana en las redes sociales, mientras varios periodistas y blogueros fueron multados en virtud del Decreto 370”, dice el documento.
Por su parte, aunque “la mejora del acceso a internet desde 2018 ha sido un avance positivo, ya que ha favorecido el acceso de los ciudadanos a la información, ha permitido los debates en las redes sociales y el acceso a los contenidos de los medios de comunicación desde el extranjero”, “una serie de sitios web de noticias no son accesibles desde Cuba”.
Los autores del informe llamaron la atención también sobre la situación de los activistas políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes, quienes siguen “sufriendo restricciones a los viajes nacionales y al extranjero, además de frecuentes medidas que les impiden salir de sus casas, lo que equivale de facto a un arresto domiciliario”.
“El historial tradicionalmente positivo de Cuba en materia de derechos sociales y económicos se ha ido erosionando, ya que la cobertura sanitaria y la educación universales se han visto constantemente socavadas por la escasez financiera, las ineficiencias económicas y la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19”, continúa el texto.
Según el informe, la UE “se centró en Cuba en la protección y el empoderamiento de las personas y, en particular: el apoyo a los defensores de los derechos humanos, así como el seguimiento de los casos de violación de la libertad de asociación, de reunión pacífica y de la libertad de expresión, incluida la libertad artística”, y se comprometió a apoyar la promoción de los derechos económicos, en particular al sector privado, así como el respeto a los derechos de la mujer, la igualdad de género y la lucha por la abolición de la pena de muerte.
Por su parte, el organismo europeo aseguró que “todos los proyectos de cooperación en Cuba siguen un enfoque basado en los derechos”, y que, aunque el gobierno de La Habana ha firmado, pero no ratificado, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, este “no suele apoyar las recomendaciones procedentes de los Estados miembros de la UE, especialmente cuando se refieren a los derechos civiles y políticos”.
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