LA HABANA, Cuba. – Las autoridades del municipio capitalino de Boyeros amenazan con desalojar a siete mujeres y diez menores que en abril irrumpieron de forma ilegal en un local estatal abandonado hace varios años.
“El lunes 21, a las ocho y media de la mañana, trajeron una citación que (decía que) teníamos que presentarnos ese mismo día a las dos de la tarde. Fuimos al lugar (en la sede del) Partido (Comunista de Cuba PCC) en Boyeros, y tuvimos que esperar hasta las tres de la tarde, que fue cuando nos vinieron atender”, denunció Yenisley Rondón Barban, una de las ocupantes.
“Cuando entramos no nos presentaron (quienes eran) las personas que se encontraban allí y nos pidieron que… en 72 horas teníamos que salir del local, que estábamos metidas en propiedad privada y que teníamos que salir, y que si no salíamos era de tres meses a un año presa, que nos iban a meter presas junto con los niños”, agregó la mujer.
Según explica la joven madre, durante el encuentro con el Intendente de Boyeros y otros funcionarios, este les notificó tener información sobre sus casos, más sin embargo, tampoco les dejó explicar las situaciones de vivienda que enfrentan por las que se vieron obligadas a ocupar de forma ilegal dicho inmueble.
“Cuando yo le planteo mi situación me dice que resuma lo que tenía que decir y no me dejó explicarle las cosas como son, mi situación, lo que me estaba pasando. El Intendente nos dijo que él no conocía nuestro caso que tenía que haberse entrevistado con cada una (por independiente) pero que no dio tiempo y no dejó explicar lo que estaba pasando”, puntualizó Rondón Barban.
Las siete mujeres se introdujeron el pasado 15 de abril en un inmueble ubicado en la carretera de Murga, en la zona del Wajay, que, según refirió la entrevistada, se encontraba abandonado hace más de 40 años.
“Nosotros nos introducimos aquí el 15 de Abril (2021), entramos siete mujeres cada una por situaciones diferentes. Al otro día por la mañana, la vecina de aquí al lado nos empieza a ofender y a tirarnos piedras”.
“Viene la policía, después empezaron a llegar la gente del Gobierno; uno de ellos se hizo pasar por el Intendente y nos dijo que teníamos que salir de aquí que esto era una propiedad privada. Nos trató hasta en mala forma y nosotras explicándole la situación que teníamos”, argumentó Rondó Barban.
Al día siguiente, cuenta la joven, los funcionarios volvieron a presentarse en el local con un supuesto certifico de propiedad privada en la mano, el cual enseñaron de lejos, según las entrevistadas.
“Le pedimos que nos enseñaran la propiedad para poder verla y nos dijeron que no tenían que enseñarnos nada a nosotros. Ese día nos dijeron que vendrían a las dos de la tarde con la de Vivienda (Dirección Municipal de Vivienda) y con la Delegada, pero no vinieron”, informó.
De acuerdo con Rondón Barban, las autoridades incluso hicieron filmar a los trabajadores de la empresa Gelma (Grupo Empresarial Logístico del Ministerio de la Agricultura) un documento para impedir cualquier tipo de contacto o apoyo a las ocupantes ilegales.
“A los trabajadores les advirtieron, por escrito, que el que nos diera agua o corriente (eléctrica) lo iban a botar del centro de trabajo, les hicieron firmar (el documento) a todos los trabajadores”, denunció.
La mujer contó a CubaNet que se introdujo en el inmueble producto del hacinamiento en que vivía en casa de su mamá luego de que la relación sentimental que mantenía con el padre de sus hijos acabara.
“La casa de mi mamá es de madera. Yo dormía en la sala con mis dos hijos en colchonetas en el piso. Así yo no puedo vivir con mis hijos, y como este local lleva cuarenta y cinco años cerrado nosotras optamos por meternos aquí para darle un lugar, un techo a los muchachos”, explicó.
Entretanto, Betsy Verdecia Ramírez, otra de las “madres okupas”, detalló que también debieron enfrentar una especie de proceso judicial por el cual estuvieron retenidas en el inmueble por órdenes de la policía. “La compañera de menores nos detuvo aquí (durante) quince días sin salir. Nos llevaron a juicio pero debimos esperar la respuesta aquí encerradas”.
Sobre el proceso que enfrentaron, Verdecia Ramírez contó que la vecina había reclamado el local ante la justicia bajo el argumento de que el terreno donde está enclavado el inmueble estaba dentro de los límites de su propiedad. El proceso fue desestimado por la Fiscalía por carencia de pruebas, pues el espacio no se encontraba contemplado en el certifico de propiedad de la vivienda.
A decir de las entrevistadas, existe una gran contradicción entre los planteamientos que hacen las autoridades de forma verbal y los documentos escritos. Según cuentan, estas todo el tiempo se refieren al inmueble como propiedad privada y, sin embargo, en los documentos que emiten, como el acta de desalojo, la Dirección Municipal de Planificación Física se refiere al inmueble como Base de Transporte Gelma, una empresa estatal asociada al Ministerio de la Agricultura. Esto las hace pensar que existe corrupción en torno al destino final de la construcción.
Verdecia Ramírez, dijo a CubaNet que “el Intendente del Gobierno me dijo que mi caso era el más rápido (que era) montarme en una guagua y mandarme para mi provincia porque yo estaba aquí ilegal. Nos maltrataron de palabras, no tuvieron ni en cuenta que tenemos niños chiquitos”, aseveró.
La joven, madre de tres menores, indica que durante estos dos meses que llevan conviviendo en el local han sido agredidas en varias ocasiones, fundamentalmente en las noches.
“Vinieron hombres a meterse aquí, nos asustaron, nos tiraron piedras, sentimos mucho miedo”, lamentó.
Verdecia Ramírez especificó que es trabajadora de Salud Pública y, aunque es natural de Guantánamo, dijo que lleva alrededor de nueve años residiendo en la capital.
“Mi esposo me botó para la calle, tuve que alquilarme (pero) como ahora están los precios elevados mi salario no da para el alquiler… esa fue la situación por la que me introduje aquí”, dijo.
En tanto, Lázara Idelín Ortiz Iznaga asegura que ante la contradicción de los funcionarios entre lo que dicen y lo que escriben, y ante la insistencia de tantas personas de que son dueños del lugar, lo más probable es que exista “corrupción” y que alguien “está pagando para que se lo entreguen”.
“Hay una muchacha, que es la jefa de vivienda, que el marido de ella es cuentapropista y es uno de lo que está metido en esto porque quiere hacer aquí como un local para cuentapropistas. Yo digo que ahí hay dinero, porque hay tanta gente haciéndose los dueños, hay demasiada corrupción”, insistió.
La grave situación de vivienda en Cuba continúa siendo una de las tareas pendientes del régimen de la Habana. En esas circunstancias, cada vez son más las madres cubanas que optan por introducirse de manera ilegal en locales estatales abandonados como alternativa ante el notable déficit habitacional.
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