El gobierno de Estados Unidos ha reiterado su profunda preocupación por las denuncias de trabajo forzoso derivadas del programa de misiones médicas internacionales del régimen de Cuba mientras revisa su política en cuanto a la isla para “garantizar que los derechos humanos y laborales de los cubanos sean respetados”.
“Tenemos preocupaciones serias y constantes sobre las denuncias de trabajo forzoso en el programa de misiones médicas de Cuba. Todos los años desde 2010, el Departamento de Estado ha documentado indicadores de trabajo forzoso en las misiones médicas de Cuba en el extranjero”, dijo a Radio Televisión Martí un portavoz del Departamento de Estado.
El funcionario recordó que en el Informe sobre trata de personas de 2020, la Cancillería determinó que La Habana aplicó una política o patrón de lucro en su programa de misiones médicas en medio de fuertes indicios de trabajo forzoso. En este reporte Cuba fue clasificada en la categoría tres en una relación de 19 países, en la que destacan Irán, Birmania, Corea del Norte, Venezuela y China.
Este miércoles, en una intervención en el Senado, el cubanoamericano Bob Menéndez denunció que “las llamadas misiones médicas del régimen cubano no son más que trata de personas” […] y que la “participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en estos programas de trata de personas de la dictadura no puede ser ignorada”.
“En noviembre de 2019, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de esclavitud y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la trata de personas expresaron su inquietud de que la trata de médicos por parte del régimen cubano constituye trabajo forzoso y esclavitud moderna”, recordó el senador demócrata que preside el influyente comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta del Congreso.
En este sentido el portavoz del Departamento de Estado marcó la posición oficial: “Instamos a los países a tomar medidas para prevenir el trabajo forzoso y buscar transparencia en los acuerdos contractuales entre el gobierno cubano y los profesionales médicos, a que evalúen a los trabajadores cubanos de la salud vinculados a este programa a fin de detectar indicios de trata y proteger a las víctimas identificadas”.
Representados por el abogado estadounidense Dan Samuel Dubbin, en noviembre 2018 los galenos cubanos Ramona Matos Rodríguez, Tatiana Carballo Gómez, Fidel Cruz Hernández y Russela Margarita Rivero, desertores del programa “Más Médicos” en Brasil, presentaron una demanda (Ramona Matos v. OPS) contra la OPS y acusaron a la institución de conspirar con los gobiernos de Cuba y Brasil para hacerlos trabajar de manera forzada.
En un dictamen sin precedente emitido en noviembre 2020, el juez federal James Boasberg del distrito de Washington D.C. negó una moción presentada por la OPS que buscaba desestimar la querella, esgrimiendo inmunidad. El magistrado determinó que el ente regional carece de protecciones especiales para ser enjuiciado en los tribunales de EEUU, tomando en cuenta el carácter comercial de su papel como intermediario financiero entre Cuba y Brasil en el programa Más Médicos.
El Departamento de Justicia se involucró esta semana en el caso con un informe amicus curiae, una figura que permite a terceros ingresar en el procedimiento con el objetivo de contribuir con elementos que puedan ser útiles a la resolución del litigio.
En su intervención, Menéndez dijo que ese actuar del gobierno era preocupante y pidió al Presidente y al Secretario de Estado “que redoblen sus esfuerzos en presionar a Cuba para que termine con su programa de trata de doctores y de los muchos otros abusos que sigue cometiendo en contra el pueblo cubano”.
El abogado Dubbin declinó ofrecer declaraciones a Radio Televisión Martí, pero una fuente cercana al caso dijo que Justicia entre los elementos presentados, reconoció que la OPS no tiene inmunidad como la tiene la Organization Mundial de la Salud, coincidiendo con la sentencia ya emitida por el juez Boasberg.
La demanda sostiene que los galenos cubanos fueron víctimas de tráfico humano y que la OPS sólo les pagó un 10% o menos de los honorarios que Brasil abonó a la institución por sus servicios. Asimismo, denunciaron que la OPS abonó al menos 85% de ese dinero al gobierno cubano y se quedó con el 5% restante.
Al cierre de esta nota la OPS no había respondido a un correo electrónico enviado por este reportero.
El Departamento de Estado declinó comentar sobre el informe amicus curiae o el litigio en general.
Según los médicos demandantes, el régimen los obligó a trabajar en Brasil entre 2013 y 2017 bajo amenazas, no tenían libertad de movimiento y estaban vigilados continuamente por agentes de los servicios de inteligencia del régimen.
El portavoz del Departamento de Estado dijo que continúan instando a los países que están considerando la posibilidad de invitar a trabajadores cubanos de la salud a participar en esos programas a cumplir con sus obligaciones y compromisos internacionales de derechos humanos y con las normas laborales internacionales.
“Deben garantizar que los profesionales médicos cubanos reciban su pago directamente, conserven sus documentos de viaje e identidad, tengan la oportunidad de revisar sus contratos, tengan libertad de movimiento y no sean sancionados ni represaliados por abandonar el programa”, concluyó el funcionario.
