Tras casi seis meses de implementada la Tarea Ordenamiento en el país, esta transcurre con altas y bajas en Sancti Spíritus y visibles impactos en los diferentes sectores y la economía del territorio que en estos primeros meses del año ha enfrentado, entre otros asuntos medulares, la subida de los costos, pérdidas empresariales y también un vertiginoso aumento de los precios de manera injustificada y no exento de violaciones.
En análisis realizado en el Consejo Provincial del Gobierno, trascendió que uno de los mayores impactos de esa estrategia ha estado en el empleo, pues hasta la fecha más de 8 200 espirituanos han acudido a las oficinas correspondientes a solicitar una ubicación laboral, de los cuales el 47 por ciento ha aceptado una oferta, sobre todo jóvenes menores de 35 años y mujeres, en tanto 77 se han vinculado a cursos de habilitación.
También se hizo referencia a la gestión del sector empresarial, no del todo satisfactoria, ya que durante los tres primeros meses 24 entidades cerraron con pérdidas y aunque se espera una recuperación, se prevé que cinco de ellas culminen el 2021 en condiciones económicas y financieras adversas.
La Gobernadora insistió, además, en la necesidad de seguir haciendo correcciones, prestar atención a las familias vulnerables y los núcleos protegidos por la asistencia social y monitorear a las personas que puedan quedar interruptas sin cobrar salario, en aras de que nadie quede desamparado. “Hay que seguir trabajando en las 63 medidas aprobadas para el sector agropecuario —puntualizó—, en el perfeccionamiento del Comercio y de todo el sector productivo que es el que genera riquezas, además de bienes y servicios.
En medio de un panorama propicio para que se produzca un incremento de precios por la escasez de oferta, la subida del ingreso de la población y el aumento de los costos a las formas de gestión no estatal, el territorio ha trabajado para el establecimiento de sanciones a quienes venden a precios abusivos y en ese sentido se han efectuado alrededor de 7 000 acciones de control a los precios minoristas y se han aplicado 1 197 multas en puntos de venta de productos agropecuarios, Mercados Agropecuarios Estatales, Trabajadores por Cuenta Propia (TCP), unidades de Comercio y Tiendas Recaudadoras de Divisas, entre otros sitios.
En todos los lugares donde se detectaron infracciones se procedió con la venta forzosa y la denuncia para el proceso penal, además del retiro de licencias a TCP y porteadores privados, decomiso de productos y de tarjetas magnéticas en los casos de tráfico de divisas, junto a más de un centenar de medidas administrativas en el sector estatal.
Al respecto, Teresita Romero Rodríguez, Gobernadora de la provincia, insistió en la necesidad de ser más rigurosos en las acciones de control, ya que falta enfrentamiento, eficacia y preparación de los inspectores en el cobro de las multas a la hora de aplicar los decretos de acuerdo con el tipo de infracción.
