El 29 de mayo de 2021, la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en inglés) dio respuesta a una carta promovida por un grupo de académicos e intelectuales de varios países. El documento inicial exigía a LASA que denunciara las violaciones de derechos humanos que comete el Gobierno de Cuba y que se pronunciara de manera pública en defensa de «la integridad física, la libertad de expresión, de circulación y de comunicación de todos los cubanos».
La declaración-respuesta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos provocó las más disímiles opiniones y pronto se convirtió en un pronunciamiento de la discordia. El texto en cuestión refería:
«El trato que reciben académicos y académicas, intelectuales y artistas en Cuba es motivo de preocupación para un gran número de miembros de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA). LASA ha mantenido relaciones académicas duraderas con investigadoras e investigadores cubanos, a pesar del bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a Cuba durante décadas. Dichas relaciones no alteran nuestro compromiso compartido con los valores de la libertad de expresión, la libertad académica y el respeto por los derechos humanos en el contexto de la democracia, la soberanía y el Estado de derecho. Del mismo modo, LASA deplora la continuación de las sanciones impuestas por Estados Unidos en su intento de derrocar al Gobierno de una nación soberana. Así pues, expresamos nuestra preocupación y nuestra esperanza de que, a través de las actividades de nuestra Asociación, los valores de los derechos humanos y de la no intervención puedan ser mejor comprendidos y honrados no solo en Cuba y en Estados Unidos, sino en todos los países donde vive y trabaja nuestra membresía».
Esta declaración, en primer lugar, no satisfizo al grupo inicial de académicos que exigieron a la Secretaría tomar una posición pública con respecto a Cuba. Este grupo, en general, consideró la respuesta tibia, equidistante y hacedora de falsas equivalencias.
En segundo lugar, el Gobierno cubano, aunque no ha ofrecido una respuesta oficial, al parecer, tampoco quedó complacido con la manera en que se manejó la respuesta o los argumentos esgrimidos para ello. A través de investigadores que viven en el archipiélago se han canalizado las posturas y criterios gubernamentales.
Tercero, académicos de LASA discreparon entre sí una vez que se hicieron públicos los intercambios y las consideraciones al respecto del pronunciamiento.
Y, por último, algunos miembros de la Sección Cuba de la asociación indicaron su desacuerdo al no habérseles consultado sobre la petición inicial previo a la publicación de la respuesta institucional. A este último grupo el tono de la declaración de LASA le pareció distante y «extraño».
Una de las reacciones de protesta más simbólicas fue la renuncia a la membresía de la asociación de varios académicos, en su mayoría cubanos radicados fuera del territorio nacional.
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Entre los investigadores que anunciaron su salida de LASA se encuentran Walfrido Dorta (doctor por la Universidad de la Ciudad de Nueva York [CUNY]), Francisco Morán (profesor de la Universidad Metodista del Sur), Guillermina de Ferrari (especialista en Literatura y Cultura Visual Caribeña en la Universidad de Wisconsin, Madison), Janet Batet (curadora, crítico de arte y ensayista; máster en Nuevos Medios por la Universidad de Quebec en Montreal), Abel Sierra Madero (ensayista, investigador, catedrático y crítico. Universidad de Nueva York), Elvia Rosa Castro (curadora, crítica de arte, profesora y editora independiente), Mabel Cuesta (profesora en la Universidad de Houston) y José Raúl Gallego (estudiante de doctorado en la Universidad Iberoamericana, México).
Destaca, de manera particular y por su peso representativo, la salida del profesor Carmelo Mesa-Lago, académico de la Universidad de Pittsburg y expresidente de LASA.
«Sí, es verdad —especificó Mesa-Lago sobre su renuncia a la membresía de la asociación—. Desde 1966 he firmado resoluciones de LASA solicitando a Gobiernos autocráticos de derecha que paren la violación de derechos humanos, así como he pedido al Gobierno de los EE. UU. que otorgue visas a cubanos para asistir a los congresos de LASA (como presidente de LASA en 1980 fui el primero en invitar a académicos cubanos y conseguirles visas).
»También he estado en favor del diálogo entre los cubanos de la Isla y de la diáspora (participé en el diálogo con la comunidad en La Habana, en 1978), así como de las conversaciones entre los Gobiernos de los dos países. Apoyé las aperturas de los presidentes Carter y Obama y he condenado el embargo de los EE. UU, particularmente bajo la presidencia de Trump.
»En vista a la solicitud hecha por artistas e intelectuales cubanos de un diálogo con el Gobierno del archipiélago, el consiguiente rechazo y la difícil situación que vive Cuba, creo que es hora de que ocurra ese diálogo respetuoso entre todos los cubanos. No es consecuente mi apoyo al diálogo entre los dos Gobiernos si guardo silencio sobre el diálogo necesario entre cubanos para resolver los graves problemas de la patria. De ahí, mi firma de la carta a LASA y mi renuncia a su membresía, pues no podía seguir apoyando una doble moral. Esta decisión fue muy difícil, me tomó una semana. Aclaro que nuestra demanda se refiere a la política del Gobierno de Cuba: la violencia y los abusos contra artistas, intelectuales y activistas. No es una crítica a nuestros colegas de la Isla, que no son parte de esos abusos y con los cuales espero continuar la relación académica de décadas», concluyó Carmelo Mesa-Lago.
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Aunque la nota publicada en el portal de LASA no especificaba quién había sido el redactor o signatario del pronunciamiento, se conoció, en los días posteriores, que la Sección Cuba de la asociación no estuvo implicada. Anterior a ello, Rafael Emilio Cervantes y Yusmila Zamora Silva, académicos y profesores cubanos residentes en el archipiélago, miembros de LASA, publicaron en sus perfiles de Facebook un texto en el cual aseguraban que el comunicado lo realizó la Secretaría de LASA y su Comité de Derechos Humanos y Libertades.
Las declaraciones de Cervantes y Zamora, al inicio, refieren que el pronunciamiento de LASA es «parcializado y desinformado sobre los asuntos internos de Cuba»; y más adelante especifican: «Es justo, que en dicho comunicado, LASA se sume a la voluntad internacional de condena al bloqueo».
elTOQUE indagó, mediante correo electrónico a Vanessa Chaves, directora de Comunicaciones y Mercadeo de LASA, sobre la procedencia del texto; pero hasta el momento de publicación de este trabajo no se había obtenido respuesta.
Días después, miembros de la Sección Cuba residentes en el archipiélago —entre ellos: Aurelio Alonso Tejada, Miguel Barnet Lanza, Rafael Hernández, Nancy Morejón, Pedro Pablo Rodríguez y Ambrosio Fornet— promovieron una carta abierta al Secretariado de LASA.
Allí dejaron claro que tampoco estaban de acuerdo con la respuesta de la directiva de esta asociación y denunciaron que no se contó con la parte que integra la Sección Cuba para realizar el pronunciamiento.
«Si ese texto se hubiera discutido con los miembros de la Sección Cuba —especificaron—, podríamos haber debatido su contribución y eficacia reales para fomentar las libertades académicas y los derechos humanos. Habríamos podido explicar cómo, a lo largo de estos años difíciles, hemos trabajado para expandir el debate crítico de nuestros problemas, no solo en los medios académicos y culturales, sino en la sociedad civil y entre la ciudadanía cubana, en la Isla y en Estados Unidos».
Estos intelectuales terminan su petición al afirmar que su comunicado al secretariado de LASA «no sugiere que abusó de sus prerrogativas según los estatutos de la asociación, ni pretende representar el consenso de la Sección Cuba. Tampoco se debe confundir con ninguno de los ataques contra LASA que han circulado en estos días».
Entre los signatarios de esta carta de miembros de la Sección Cuba se encuentran: Mildred de la Torre, María del Carmen Barcia, Esteban Morales, Jorge Núñez Jover, Jorge Castañeda Zavala, Harold Cárdenas Lema, Zuleica Romay, Raúl Rodríguez, Ernesto Limia Díaz, Juan Valdés Paz, Carlos Alzugaray y Fernando Luis Rojas López.
LA MULTIPLICIDAD DE REACCIONES
El primer desacuerdo con la respuesta de LASA fue mostrado por un grupo de académicos, muchos de los cuales habían sido signatarios de la petición inicial a la asociación. Estos elaboraron una Carta abierta a la Dirección de LASA desde la plataforma Change.org.
El texto fue promovido por el académico cubano Francisco Morán quien considera que «la organización respondió en términos que resultan inadmisibles si es que no abiertamente ofensivos». Denuncia, además, la campaña de descrédito mediática contra académicos que forman parte de LASA en el diario oficial Granma; y alude que el no pronunciamiento de la organización, también, sugiere que acepta el descrédito —al no defender— a una parte de sus miembros.
Al consultar sobre la situación de LASA al politólogo cubano Armando Chaguaceda —que ha sido por 12 años miembro de la asociación y posee varios artículos analíticos de las agendas políticas dentro del campo latinoamericanista—, señaló:
«Hay varios puntos que generan, desde hace tiempo, un debate sobre el funcionamiento de LASA. Esta, como otras grandes organizaciones académicas internacionales, se sustenta a través de los aportes de diversos patrocinadores —entes públicos o privados— y de cuotas de membresía. En este último punto, aunque se han implementado tasas solidarias a partir de la contingencia pandémica, los costos de afiliación continúan siendo muy altos.
Además, en la propia LASA existían reclamos sobre los criterios para la canalización de apoyos y exenciones. Si la inmensa mayoría de los países latinoamericanos forman parte de la periferia, entonces: ¿cuál es el criterio de selectividad? Varios colegas caribeños, centroamericanos o de países andinos habían pedido que se tuviera con ellos las consideraciones de extensión de costes que existe con los académicos de la Isla. Los venezolanos, por ejemplo, tienen hoy ingresos inferiores a los cubanos. Existía, en efecto, una discriminación positiva a favor de estos últimos que no aplicaba en otros casos.
»Por último, se aprecia un doble estándar en las intervenciones públicas de la asociación. Era constatable que, si las situaciones que afectaban a la membresía, la libertad académica o el contexto sociopolítico de un país se producían bajo Gobiernos de derecha, era muy fácil que la asociación se pronunciara. Así sucedió con la destitución cuestionable de Dilma Ruseff, un caso que generó debate dentro y fuera de Brasil por la politización de la justicia y la judicialización de la política. Lo paradójico es que, ante situaciones notorias, como la de Venezuela —con la interrupción de los procesos democráticos y ciclos de movilizaciones y represión que han cobrado cientos de víctimas— no ha existido una simetría en posicionamiento. Ahí aparece, por razón ideológica, un doble estándar.
»En el caso que nos ocupa, la solución de LASA ha querido ser salomónica, pero no ha sido simétrica. Existen derechos que no pueden ser plebiscitados, discutidos o sometidos a votación: no son asuntos de mayorías o minorías, sino de libertades constitutivas del campo académico y su relación con el poder. Aquí el tema de la autonomía está en el centro. Deben regir las mismas reglas para la investigación y para el posicionamiento público respecto a todos los países, sin excepciones. Tiene que haber una autonomía efectiva, que los académicos estén protegidos con independencia del Gobierno que tengan en frente», concluyó Chaguaceda.
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Como suele ocurrir en el centro de debates de este tipo, se coloca en revisión toda actuación anterior que pudiera ofrecer coordenadas sobre cuál es la matriz de posicionamiento, en este caso, de una asociación como LASA. Elaine Díaz, directora de Periodismo de Barrio y miembro de la Sección Cuba de LASA hasta 2018, recuerda que, durante congresos anteriores, la delegación de académicos de la Universidad de La Habana (UH) —que se agrupaba como «delegación» aun cuando esto no era necesario— había tenido la misión de boicotear o participar de manera hostil en aquellos paneles en los que se presentasen investigaciones críticas hacia el Estado y el Gobierno cubanos.
«Esa actuación —especifica Elaine Díaz— va contra los principios de libertad académica que deben primar en un escenario como este».
Como práctica restrictiva, además del boicot a paneles críticos, el Gobierno cubano también ha impedido la salida del país a opositores para obstaculizar su participación en LASA. Ese fue el caso del historiador cubano Manuel Cuesta Morúa quien fue detenido durante cuatro días, en 2014, y no pudo viajar a Chicago, Estados Unidos, donde ese año, del 21 al 24 de mayo, se realizó el congreso de la asociación.
Otros académicos resaltaron el absurdo que significa que una respuesta a una petición que exigía pronunciarse contra las violaciones de derechos humanos en Cuba no se dirigiera a estos hechos de manera directa y optara por denunciar, casi en mayor medida, al embargo estadounidense.
Entre ellos está Yanina Welp, investigadora del Albert Hirschman Centre on Democracy, quien escribió en twitter: «Lo más destacable del comunicado de LASA es su nivel de confusión. En tan pocas palabras cada sentencia parece contradecir la anterior y negarse a sí misma».
En este sentido, la académica y politóloga venezolana María Isabel Puerta Riera reflexionó a través de varios tuits: «Quienes firmamos esa petición estábamos esperando de LASA un mensaje de rechazo a los abusos que el régimen de Díaz-Canel está cometiendo en contra de activistas, artistas e intelectuales cubanos. Ignorar el fondo de la petición, incorporando el tema de las sanciones, no solamente refleja falta de empatía con una comunidad que necesita de la solidaridad de la comunidad académica, sino que además nos deja a los miembros de LASA sin argumentos para defender esto.
»Es absolutamente indefendible. Sin embargo, seguiré en LASA porque, de lo contrario, ese minúsculo espacio lo ocuparán los promotores del pensamiento único. Creo que abandonar, en este momento, es dejarles el camino libre. Prefiero quedarme ahí dentro, y seguir siendo incómoda», concluyó Puerta Riera.
LASA 2018. Barcelona, España. Foto: Susadny González.
Otros argumentos que emplazaron la respuesta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos se centraron en las imprecisiones, la vaguedad o la falta de compromiso que demostraba a través del pronunciamiento. Así lo considera Michel Fernández Pérez, máster en Relaciones Internacionales y exprofesor de Derecho de la Universidad de La Habana.
Fernández Pérez opina que dicha declaración es un claro ejemplo de «falta de compromiso de los autores con los mismos principios que dicen defender (la libertad de expresión, la libertad académica y el respeto por los derechos humanos en el contexto de la democracia, la soberanía y el Estado de derecho).
»Referirse a las violaciones de los derechos de libertad de expresión, movimiento, libertad académica y del Estado de derecho cometidos por el Estado cubano, como “el trato” que reciben académicos e intelectuales, es cuando menos un eufemismo. Pero al tener en cuenta el alto nivel académico e intelectual de los miembros de LASA es una falta de compromiso con la verdad y con los derechos humanos. Esta idea se ratifica mucho más si comparamos el pronunciamiento sobre Cuba con los otros dos realizados en este congreso sobre Colombia (hecho por la Sección Colombia de LASA) y sobre Paraguay, en el que exponen el caso detalladamente», agregó Fernández Pérez.
La ambigüedad fue otro de los adjetivos utilizados para calificar la respuesta ofrecida por LASA. Así, Amalia Pérez Martin —estudiante del doctorado en Sociología en la Universidad de California, Merced— considera que el pronunciamiento es ambiguo e impreciso «tanto sobre las causas y dimensiones de las violaciones de los derechos a las que refiere, como sobre el origen y apoyo de dicha declaración dentro de esta organización profesional.
»Es imprescindible reconocer la particularidad de cada contexto nacional —y denunciar las sanciones impuestas por Estados Unidos a Cuba es parte de esa tarea— pero LASA debió ser más enérgica e interpelar también al Gobierno cubano en su responsabilidad sobre la protección de los derechos humanos en la Isla. Asimismo, creo que tanto la declaración como la ola de reacciones que ha generado confirman la urgencia de construir espacios —con y más allá de la academia— para el diálogo honesto y fraterno sobre el presente y futuro de Cuba».
En círculos de argumentadores más cercanos al Gobierno cubano, la declaración del secretariado de LASA mereció una crítica no por tibia, sino por atreverse a sugerir que existe represión en Cuba. Tómense de ejemplo las declaraciones de Ernesto Estévez Rams, profesor de la Universidad de La Habana, a través de un texto que publicara en La pupila insomne:
«El trato que reciben la inmensa mayoría de los académicos, artistas e intelectuales de Cuba es de apoyo por parte de la sociedad y el Estado […]. La generalización de la declaración de LASA, presiento que a partir del criterio sesgado de unos pocos, y refiriéndose a hechos puntuales cuyo carácter y complejidad no tienen en cuenta, es injustificada.
»Esa injustificación se vuelve bochornosa si consideramos que esa misma declaración, cual hoja de parra, hace una tibia condena al bloqueo, equiparándola, en el espíritu de su declaración, a la supuesta violación, asumida como generalizada por falta de matices, de los derechos de los intelectuales en Cuba», agregó Estévez Rams.
El académico Hiram H. Castro intercambió su criterio a través de Facebook; Castro cree que «la institución pudo redactar un texto más preciso y crítico sobre el tema en cuestión, sin dejar de pronunciarse contra el bloqueo (como la casi totalidad de los académicos serios).
»Luego, lo que también me parece un despropósito son algunas diatribas atiborradas de adjetivos (“respuesta cobarde, cómplice y abyecta de la directiva”) y la falta de respeto a la “pobreza” de los académicos de la Isla que asisten a “una gran feria que sirve [para] ganar algunos dólares, que sirven para cuestiones como arreglar la cocina, comprar zapatos para los muchachos o comprar picadillo”.
»Dicho así, de manera atroz, parece que los cubanos son los únicos que van a LASA a establecer relaciones que podrían convertirse en soluciones al brutal desempleo (y hambre) que vive nuestra profesión en América Latina. En fin, más de lo mismo de ciertos personajes y sus parcializadas agendas», concluyó Castro.
Alina B. López Hernández —profesora, ensayista e historiadora— opina que la declaración «es bastante tímida». Alega López Hernández que su ingreso a LASA ocurrió en tiempos recientes, por lo que no posee una experiencia amplia sobre el devenir de la organización. Aun así, narra que, al retroalimentarse con miembros antiguos, puede afirmar que aunque tímido se trata de un paso, porque la organización, «sobre todo la Sección Cuba, es muy apegada a las normativas oficiales.
»Me parece un paso positivo. Si no lo había dado nunca, si nunca se había arriesgado tanto y lo hicieron, a mí me parece positivo. Pero creo que tenían que haber sido más enfáticos y sobre todo no darle tanto peso al tema del bloqueo, porque aquí no se trataba de eso», ultimó López Hernández.
El texto de respuesta de LASA tampoco mencionó nada sobre los opositores y activistas que se encuentran detenidos o bajo vigilancia en Cuba, motivo cardinal que propició el emplazamiento a la asociación. Por tal razón, Amhed Correa —estudiante de doctorado en la Universidad de California, Merced— considera que el texto «silencia lo que está pasando»; pero le «incomodan algunas reacciones […] en Facebook. He visto gente calificar de “corrupta” a la directiva, o cuestionarse la eximente del pago de la tarifa para cubanos/as residentes en Cuba».
Amhed Correa también discrepa de quienes optaron por renunciar a la membresía. «Creo que una postura más productiva, quecontribuya a visibilizar lo que está sucediendo en Cuba en términos de represión y violación de derechos, debería ir por la vía del diálogo. Y si lo que nos interesa en verdad es sumar a LASA como espacio de denuncia frente a la violación de derechos en Cuba, me parece que la ruta es otra», finalizó Correa.
La polarización que dimana la política y la manera de actuar y concebir la sociedad civil en Cuba crece de manera continua. Los ecos y las actitudes no se circunscriben al escenario físico del archipiélago, sino que se reproducen en cualquier espacio en el cual los cubanos pugnen —ya sea a través del cuerpo o con el trabajo artístico y académico— para reclamar sus derechos o perspectivas con relación a los destinos del país.
Tanto la polarización, como la dificultad para el diálogo, el consenso o para el ejercicio libre de la soberanía popular, producen eclosiones que distancian un posible escenario de solución a corto plazo. La declaración de LASA, una vez más, colocó sobre la mesa algunos de los puntos que se disputan por la democratización en Cuba; y demostró, de cierta forma, que la equidistancia de los criterios dispares impide avanzar en una agenda que incluya a todos y que respete el ejercicio libre del pensamiento, la participación política y los derechos humanos.
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