La familia de Luis Robles Elizástigui, el joven cubano que el 4 diciembre de 2020 fue detenido por pedir con un cartel “Libertad”, “No+Represión”, “#Free-Denis” en en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, está sufriendo las consecuencias del encarcelamiento de este joven en una prisión de máxima seguridad.
Su hermano Landy Fernández Elizástigui habló con Radio Televisión Martí luego que su hermano se comunicara vía telefónica con él desde la prisión Combinado del Este, en La Habana, cuando al prisionero le fue levantado el castigo de mantenerlo dos meses sin acceso al teléfono.
“Mi mamá está mal, con la presión súper descompensada, está recibiendo tratamiento médico ahora por la presión y el niño lo tengo yo ahora, cumple dos años en septiembre. Cuando yo le pongo los videos que tengo en el celular de Luis y cuando lo llama siempre lo pongo a hablar”, explicó el hermano.
El pequeño vive con su mamá pero Luis lo traía a su casa cada cierto tiempo, comenta Fernández, quien ha asumido el papel de padre en ausencia de su hermano.
“Lo traigo conmigo, una semana o un mes”, declaró.
“Me dijo que se siente bastante bien de salud, que está esperando juicio, por los delitos de resistencia y propaganda enemiga”, comentó Fernández quien asegura que el abogado ya se pudo reunir con Robles.
El día en que se manifestó pacíficamente por la libertad de Denis Solís un joven rapero del Movimiento San Isidro, varias personas filmaron su protesta y también el momento en que agentes policiales se lo llevaron detenido sin que el hiciera resistencia.
Radio Televisión Martí tuvo acceso al documento de la Fiscalía en donde se asegura que Robles Elizástigui es “responsable en concepto de autor, conforme el artículo 18.1.2 a) del Código Penal de los delitos Propaganda Enemiga previsto y sancionado en el artículo 103. 1 a) del Código Penal y de un delito de Desobediencia previsto y sancionado en el artículo 147.1 del Código Penal”.
“La sanción que debe imponérsele al acusado Luis Robles Elizástigui es la de 6 años de privación de libertad, por el delito de Propaganda Enemiga y la de 1 año de privación de libertad, por el delito de Desobediencia y como sanción única y conjunta la de 6 años de privación de libertad”, indica el texto.
El documento de la Fiscalía indica que el acusado respondía a una convocatoria del influencer cubano Alexander Otaola, a quien califican de “contrarrevolucionario cubano residente en los Estados Unidos de América”.
“El 4 de diciembre de 2020, el acusado Luis Robles Elizástigui, con el cartel en su poder y con el propósito de iniciar una provocación en algún sitio donde acudieron varias personas, en horas del mediodía se dirigió al parque “Curita” ubicado en el municipio Centro Habana, pero al percatarse de que no habían muchas personas, siguió su recorrido por la calle Águila hasta llegar al Boulevard de San Rafael entre Industria y Consulado del mismo municipio y una vez allí se acercó a la tienda de moneda libremente convertible donde concurrían varias personas; sacó el cartel que tenía en su mochila y con el propósito de crear un ambiente desestabilizador del orden social interno y en oposición al sistema de desarrollo económico escogido por la mayoría de la población cubana, gritaba frases como las que mostraba en el cartel: “Libertad”, “Abajo la dictadura” y otras de desacuerdo con las medidas adoptadas por la dirección del país para de alguna manera subsistir ante el férreo bloqueo económico al que estamos sometidos por los Estados Unidos de América como: “Quiten las tiendas en MLC”, moviéndose de un lado a otro para convidar a las personas que allí estaban a que lo siguieran y de esta manera generar desorden”, relatan las autoridades cubanas.
El documento identifica al agente que lo apresó como Vladimir Rodríguez Despaigne y reconoce que Robles logró captar la simpatía de los transeúntes y generar “con su actuar, desorden entre las personas que se encontraban allí, dentro de las que hubo quienes se le sumaron en sus manifestaciones, gritando idénticas frases, atrayendo a otras que se congregaron al frente del establecimiento público, prestándose otros a la filmación de los acontecimientos desde sus celulares”.
Tras los pocos minutos de su acción en la céntrica calle, fue arrestado a la fuerza por agentes del Ministerio del Interior, incluidos oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria y del cuerpo de élite conocido como “Avispas Negras” y le fue impuesta una multa de 1.000 pesos.
El abogado Eloy Viera Cañive, analizó el caso contra Robles en la publicación El Toque, donde concluyó que se trata de un proceso marcado por la política donde lo que se intenta penalizar no es otra cosa que su atrevimiento a materializar y amplificar ideas que son contrarias a los intereses del Estado/Gobierno cubano.
“El de Robles es un juicio en el cual las manifestaciones políticas son jurídicamente relevantes. Las Conclusiones Provisionales del fiscal asemejan más un documento político que uno jurídico. El documento parece un alegato o una nota oficial de los aparatos de propaganda. Para justificar el juzgamiento de Robles se usan frases que deberían ser intrascendentes jurídicamente hablando —si no se tratara de un juicio político—. Por ejemplo, la Fiscalía considera que mostrar desacuerdo con la existencia de tiendas en moneda libremente convertible (MLC) es, desde lo jurídico, relevante porque implica a su vez mostrar inconformidad con «medidas adoptadas por la dirección del país para de alguna manera subsistir ante el férreo bloqueo económico al que estamos sometidos por los Estados Unidos de América». Además, piensa que proferir frases como «Libertad» y «Abajo la dictadura» no es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sino una provocación que buscaba generar un «ambiente desestabilizador del orden social interno y en oposición al sistema de desarrollo económico escogido por la mayoría de la población cubana». El planteamiento de la Fiscalía puede calificarse de excluyente y fascistoide, pues de manera implícita asegura (con independencia de lo discutible de esa afirmación) que como la mayoría de la población cubana escogió un determinado modelo de desarrollo económico-social, la minoría restante no tiene derecho a expresarse en contra de esa decisión. No hay mucha diferencia en esa idea y la que sostiene que algunas minorías pueden ser eliminadas de un territorio si así se decide democráticamente”, argumentó Viera.
[Entrevista a Landy Fernández Elizástigui realizada por Ivette Pacheco para Radio Martí]
