A pesar de que la tasa de contagios por COVID-19 ha descendido notablemente en Panamá y de la polémica desatada por la contratación de personal de salud cubano, el gobierno panameño acaba de renovar el acuerdo con el Ministerio de Salud de Cuba.
Esta renovación, estipulada en $ 632, 780 dólares se ha realizado con el propósito de mantener en el país a 122 de los 220 médicos cubanos que arribaron en noviembre de 2020, para atender las necesidades de la población según dio a conocer el diario istmeño La Estrella de Panamá.
De acuerdo con el periódico, el convenio tenía una duración de tres meses, con posibilidades de extenderse hasta seis a criterio de las autoridades panameñas.
La extensión de contrato fue solicitada por “los directores médicos de instalaciones de salud del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social […] para continuar la cobertura de la atención médica”, afirma La Estrella de Panamá.
La presencia de personal médico cubano en el país centroamericano destapó una aguda polémica a raíz de conocerse que el pago por los servicios se hizo directo al régimen de Cuba y no a los profesionales, según afirmó en una entrevista el asesor del Gobierno panameño Francisco Sánchez Cárdenas.
La contratación de los cubanos se basa en un acuerdo bilateral que preveía la llegada a Panamá de 10 equipos médicos -sin que se precisara la cantidad de personal por equipo- por un periodo de tres meses prorrogables, con un costo mensual de 591.197 dólares, según una resolución oficial difundida por medios locales meses atrás.
Entrevistada para Radio Televisión Martí en enero de este mismo año, Teresita Yániz de Arias, que llegara a ocupar el cargo de presidenta de la Asamblea alertó entonces que a los cubanos “se les tiene que pagar de acuerdo con lo que indica nuestro código laboral, lo que establece nuestra Constitución. Es decir, que el salario de ellos no se le puede pagar al gobierno cubano porque es una violación a los derechos humanos aquí, en Cuba y en la Conchinchina que se le pague el trabajo realizado a un intermediario”.
Por otra parte, prestigiosas organizaciones internacionales que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo han calificado el estilo de contratación de profesionales cubanos como “mano de obra esclava”.
El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo el año pasado al gobierno de Panamá que no puede desentenderse de los derechos humanos de los galenos cubanos.
“Su gobierno tiene la obligación de garantizar los DDHH de quienes se encuentren en territorio panameño”, declaró Vivanco en un Twitter dirigido al presidente Nito Cortizo.
La llegada del personal cubano generó en diciembre la molestia de los gremios médicos locales, dado que la medicina es una de las decenas de profesiones y oficios que por ley solo pueden ejercer ciudadanos panameños.
La Sociedad Panameña de Cardiología consideró que la contratación de médicos cubanos para combatir el COVID-19 vulnera las leyes vigentes en cuanto a la contratación de personal de Salud en el exterior.
