La práctica de la medicina veterinaria, el servicio de traducción e interpretación, el de programación de equipos de cómputos, las actividades de diseño y fotografía, impartir clases de idioma, música y ejercer como repasadores, son algunas de las actividades que pueden realizar los profesionales en Cuba de manera independiente.
Ante la publicación reciente de la lista de actividades no permitidas para el cuentapropismo y su inclusión en ella de algunas de corte profesional, varios gremios afectados han mostrado su inconformidad y se han preguntado si los avances en ese terreno no llegarán a más.
Los presupuestos de justicia social que se pretenden alcanzar de cierta manera dictan el control estatal sobre diversas esferas de la vida económica. Se pretende impedir así que se conviertan en mercancías servicios de primera necesidad inherentes al pleno disfrute de derechos como la instrucción y educación, la salud, y el acceso a bienes inmateriales, además del goce de la actividad deportiva y cultural.
Sin embargo, muchos profesionales de manera independiente pudieran desempeñarse en funciones que contribuyan al desarrollo social anhelado y, por sobre todas las cosas, ayuden a paliar el estancamiento de ofertas y servicios que hoy nos desgasta e incide negativamente en la vida diaria.
Si se dio un paso importante al liberar el empleo hacia formas no estatales y después se amplió para permitir nuevas incorporaciones, ¿por qué no continuar? ¿Se teme al aumento del poder adquisitivo de algunos sectores? Pudiera ser. No obstante, debe tenerse en cuenta que ese aumento se traduciría en profesionales que no se irán a engrosar nóminas a otros países –uno de nuestros peores males–, y que con motivación van a improvisar, crear, producir y ofertar.
Recientemente la ministra de Trabajo y Seguridad Social planteó en el programa Mesa Redonda que los trabajadores por cuenta propia han dado muestras de gran creatividad en estos tiempos. También el ministro de Economía y Planificación aseguró que no debe separarse el plan del sector estatal del plan del sector no estatal, pues la economía es una sola y es menester incorporar todas las potencialidades al desarrollo del país.
Entonces, sin afectar en lo más mínimo los presupuestos de sociedad justa a la que aspiramos –lo realmente justo sería revisarlos si es necesario–, ¿cuántas más de estas actividades podrían permitirse?
Tomemos un ejemplo: el comercio exterior se encuentra minado por ley, dado que es imposible importar a cualquier escala si no media el Mincex en algún momento de la transacción para cualquier FGNE (forma de gestión no estatal), término acuñado muy recientemente. Ese monopolio ha hecho que las persecuciones hacia el comercio sean más fáciles y rastreables.
Asimismo, Igualmente resulta penado vender un producto de importación «sin que medie transformación en él». Mucho menos se puede montar un negocio basado en tales ventas. En otras palabras las personas que van de compras a países como Panamá, Rusia, Perú, Nicaragua o Haití, están obligadas a vender en el mercado informal debido a esta disposición. Si el Estado es acechado y perseguido en miles de transacciones y además, hay carencias de estos productos ¿por qué no permitir una venta organizada y así obtener ingresos de esos emprendedores?
El sector del turismo es de los que está abierto a disímiles iniciativas. Es comprensible que se pretendan controlar los ingresos derivados de él, pues representa una entrada de efectivo directa y limpia. Sin embargo, ¿el aumento de visitantes a la Isla en los últimos años se debió únicamente a las políticas de Obama? ¿No se deberá en parte a la aparición de restaurantes de clase mundial, bares de excelencia y renovados autos antiguos que volvían más vistosas nuestras ciudades?
Restaurante La Guarida, en La Habana (Foto: laguaridainvitational)
¿Cuántos miles de visitantes pudieran venir a gastar su dinero a esta paradisíaca isla si también se promovieran, de manera independiente, otros destinos, proyectos y recorridos tematizados paralelos a las ofertas de los turoperadores y las agencias tradicionales? Tras veinte años de trabajo en el sector, puedo asegurar que un visitante casi siempre quiere un hotel y si ahí radica la preocupación del Estado, pues que mantenga el control sobre ellos y permita el ejercicio de actividades relacionadas, es decir, cuentapropismo.
Al referirse al turismo en su comparecencia, la ministra de Trabajo hizo alusión a una experiencia negativa con los guías. Quizás no quedó claro que esa mala experiencia no tuvo por protagonistas a guías certificados, sino a personas que tienen algún dominio de otro idioma –excelente en ocasiones y otras veces realmente penoso– y se ganaban el sustento muchas veces con profesionalidad, pero otras confundiendo a Calixto García con Máximo Gómez.
Seguramente el primer reclamo de estos guías será el de recibir una licencia avaladora de conocimiento y procederes, como verdaderos presentadores e intérpretes de nuestro patrimonio cultural e histórico. Cerrarse no es una opción inteligente, pues tres cruceros en el puerto de La Habana requerirían de guías profesionales de turismo que no existen hoy, con lo que podrían generarse cientos de empleos independientes sin afectar a nadie y sí beneficiando a muchos.
Otros reclamos en áreas profesionales como la ingeniería y la arquitectura también deberían ser escuchados. De aprobarse pudieran librarnos de la presencia de esa ar-kitsch-tectura de mal gusto que lastima la vista y aparece como resultado del cumplimento apresurado de algún plan de construcción.
El aporte a la economía que implicaría permitir el ejercicio de actividades cuya prohibición no tiene sustento lógico sería descomunal, pues se sumarían impuestos y otros gravámenes a las arcas del Estado, aumentaría la disponibilidad de mercancías, servicios y productos, además de que muchas empresas se librarían de la preocupación de buscar e importar insumos. Algo así como: «No se preocupe, el café lo trae Ponciano Valdivieso & fam.».
Es decir, que existirían más posibilidades de alcanzar un mayor nivel de satisfacción y realización personal, lo que a la postre decide dónde apostará un ciudadano por su futuro.
Si la justificación fue el miedo a un éxodo de profesionales hacia el cuentapropismo, pues no se sostiene dado que la nueva estructura salarial ha llevado a muchas personas a moverse nuevamente hacia el sector estatal, motivados por las mejores cifras de salarios.
Mucha gente apostará por los beneficios de estar asociado al Estado. También por no tener, por ejemplo, que andar pensando constantemente en qué le está pasando al negocio que no avanza o de dónde va a sacar el queso para la pizza, entre otras tensiones que viven los emprendedores no solo aquí, sino en todo el mundo. La balanza se pudiera mostrar pareja siempre que se pongan los pesos justos a cada lado.
Esta estrategia de reestructuración salarial –en condiciones normales y no las extremas que vive el país– parece ser una buena movida para devolver a los maestros a las aulas y a los ingenieros a las empresas y fábricas. Eso es motivación y el reto sería acrecentarla, de forma tal que el profesional quiera quedarse en el sector estatal porque ahí satisface sus necesidades y no requiere marcharse al cuentapropismo –si es que preocupa su aumento–.
El Estado debería asegurar que tanto su sector como el privado pertenezcan a la misma partida: la del desarrollo social. Lo ideal sería alcanzar el equilibrio y que se interiorizara la tesis enunciada por el ministro de que la economía nacional es una sola y su avance debe ser interés de todos, porque es beneficio de todos.
